- La iniciativa busca adicionar la fracción XII al artículo 26 de la Constitución local, con un enfoque de corresponsabilidad social y atención prioritaria a niñas, niños y adolescentes.
Mariana LOVERA | En un esfuerzo por armonizar la legislación estatal con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Miriam Martínez Sánchez, presentó una iniciativa para reconocer expresamente el “derecho al cuidado digno” en la Constitución Política del Estado de Tlaxcala.
La propuesta plantea adicionar una fracción XII al artículo 26 de la Carta Magna estatal, misma que establecería que “toda persona tiene derecho al cuidado digno en todas sus dimensiones”.
En la exposición de motivos, la legisladora panista subrayó que la iniciativa no surge de un vacío jurídico, sino como respuesta a obligaciones derivadas de la reforma constitucional en derechos humanos del 10 de junio de 2011, así como de pronunciamientos clave de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Se destaca la Opinión Consultiva OC-29/22 de la CIDH, la cual señala que el cuidado es una necesidad humana universal e ineludible, así como el Amparo Directo 6/2023 resuelto por la Primera Sala de la SCJN, donde se determinó que todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y al autocuidado, asignando a las instituciones públicas un rol prioritario en su garantía.
Un punto medular de la iniciativa es que el cuidado no sea visto como una tarea doméstica o exclusiva de las familias y las mujeres, sino como un asunto público. Por ello, se propone que el Estado y los municipios promuevan “condiciones institucionales, sociales y normativas bajo un enfoque de corresponsabilidad social”.
Además, aunque la Constitución local ya tutela los derechos de la niñez en su artículo 19 Bis, la diputada Martínez Sánchez aclaró que esta nueva fracción es de alcance general y autónoma. “El derecho al cuidado no se subsume en el derecho a la salud, la educación o la seguridad social; protege condiciones específicas para sostener la vida y el bienestar integral”, argumentó en el documento.
La iniciativa también contempla una “atención prioritaria a niñas, niños y adolescentes”, reconociendo la mayor vulnerabilidad durante la primera infancia, aunque sin limitar el derecho exclusivamente a ellos.
En sus palabras finales, la legisladora sostuvo que “el reconocimiento del derecho al cuidado ha dejado de ser una aspiración programática para convertirse en un mandato jurídico” que obliga a este Congreso a actuar.