• El Censo Nacional de Impartición de Justicia 2026 reporta que, durante 2025, los órganos jurisdiccionales estatales registraron 6 mil 629 personas procesadas o imputadas con asuntos pendientes de concluir y solo 131 sentencias penales publicadas.
  • Estos resultados adquieren relevancia ante las condiciones de sobrepoblación que enfrentan los centros penitenciarios de Tlaxcala.

Daniel Angulo | El Poder Judicial de Tlaxcala cerró 2025 con 6 mil 629 registros de personas procesadas o imputadas pendientes de concluir en materia penal. A ello se suma que en sus sitios institucionales se tenían publicadas apenas 131 sentencias penales, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicado el 4 de noviembre.

Estos resultados adquieren relevancia ante las condiciones que enfrentan los centros penitenciarios de Tlaxcala. El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó sobrepoblación en los tres centros evaluados: el Cereso de Apizaco tiene capacidad para 482 personas y alojaba a 500; el de Tlaxcala, con espacio para 438, tenía 504; mientras que el centro femenil, diseñado para 65 internas, registraba 87.

La situación penitenciaria también ha sido relacionada con la demora en la resolución de procesos judiciales por el propio secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perea Marrufo; recientemente, reconoció el rezago en procedimientos penales y planteó la necesidad de coordinarse con las autoridades judiciales para agilizar las sentencias de personas privadas de la libertad que llevaban meses sin una definición legal.

Posteriormente, el funcionario informó que sostenían reuniones con el Poder Judicial, las defensorías públicas federal y estatal y la Secretaría de Gobierno para dar celeridad a los juicios.

Aseguró que los jueces comenzaron a agilizar los procesos y que la población penitenciaria empezaba a disminuir; sin embargo, los datos del INEGI ofrecen un parámetro para dimensionar el problema.

En materia penal, el Poder Judicial reportó mil 552 causas ingresadas y 777 determinaciones o conclusiones durante 2025; además, contabilizó 6 mil 629 registros pendientes de concluir al cierre del año.

Es decir, el volumen de determinaciones reportadas fue considerablemente menor al de las causas que ingresaron durante el mismo periodo, mientras permanece un número importante de personas en espera de una sentencia o resolución.

Aunado a los pendientes, el censo contabilizó solo 131 sentencias penales publicadas en los sitios institucionales del Poder Judicial.

El contraste no se limita al ámbito penal; en el conjunto de materias atendidas por los órganos jurisdiccionales de primera instancia, Tlaxcala reportó 18 mil 322 asuntos ingresados y 9 mil 580 determinados o concluidos durante 2025. La proporción entre ambos volúmenes fue de 52.3 por ciento, por debajo del promedio nacional de 67.3 por ciento.

El estado se ubicó entre las 13 entidades con menor proporción de asuntos determinados o concluidos respecto de los ingresados.

La comparación también muestra diferencias con entidades que registraron cargas de trabajo cercanas; Campeche, por ejemplo, reportó una proporción de 71.9 por ciento, mientras que Baja California Sur alcanzó 55.7 por ciento.

En cuanto a su estructura, el Poder Judicial de Tlaxcala reportó 56 órganos jurisdiccionales y administrativos, la cifra más baja entre las entidades del país, así como una plantilla de 923 personas servidoras públicas; ademas, su presupuesto ejercido fue de 617.5 millones de pesos, el cuarto más pequeño a nivel nacional.

A este escenario se suma la próxima apertura de 16 salas de oralidad en Ciudad Judicial, cuya construcción concluyó y que, de acuerdo con lo anunciado por las autoridades, serán inauguradas el 30 de noviembre.

No obstante, el complejo, en el que el Gobierno del Estado invirtió 100 millones de pesos, contará con ocho salas para asuntos civiles y ocho para familiares, como parte de la preparación para implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a partir de 2027. Su operación, por tanto, no contempla los procesos penales, que concentran parte de los pendientes expuestos por el INEGI.

La responsabilidad institucional recae ahora en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, encabezada por la magistrada Fanny Margarita Amador Montes, quien asumió el cargo el 1 de septiembre de 2025, tras resultar electa magistrada por voto ciudadano.

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