Por Mariana LOVERA
En Tlaxcala ya no saben dónde meter la basura. Lo que durante años fue un problema ambiental terminó por convertirse en un dolor de cabeza para los presidentes municipales, una preocupación para miles de familias y, por supuesto, otro asunto incómodo para el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros.
Lo curioso es que nadie puede decir que no estaba advertido.
Los tiraderos tenían los días contados, las autoridades ambientales habían señalado irregularidades y el cierre de los sitios de disposición final era cuestión de tiempo. Sin embargo, llegamos a noviembre de 2026 y la gran solución parece ser la misma de siempre: pedir otra prórroga, firmar convenios y esperar que alguien más encuentre dónde depositar las toneladas de basura que diariamente genera Tlaxcala.
Y mientras eso sucede, la Secretaría de Medio Ambiente, encabezada por Pedro Aquino Alvarado, ahora busca que los ayuntamientos paguen por continuar utilizando un relleno sanitario que, según las propias autoridades, ya no tenía capacidad para seguir funcionando.
¡Qué cosas tiene la administración pública!
Primero anuncian que el relleno de Atlangatepec debe cerrar porque está saturado. Después declaran una emergencia ambiental y, cuando los municipios comienzan a enfrentar las consecuencias, resulta que el mismo sitio puede continuar recibiendo basura hasta el 31 de diciembre.
¿Entonces estaba saturado o todavía tenía capacidad?
La pregunta no es menor, porque detrás de esta historia hay decisiones gubernamentales, proyectos que no prosperaron, terrenos en disputa y una solución definitiva que, por ahora, no aparece por ningún lado.
- De las advertencias a la emergencia
La historia comenzó mucho antes de que los camiones recolectores empezaran a quedarse sin un lugar donde descargar.
Desde 2024 existían restricciones ambientales sobre los sitios de disposición final de Tlaxcala. Posteriormente llegaron las clausuras y los procedimientos de cierre de los tiraderos de Panotla, Huamantla y Calpulalpan.
Atlangatepec terminó convertido en la principal alternativa para buena parte de los municipios.
Pedro Aquino ha sostenido que los ayuntamientos fueron advertidos con anticipación sobre el vencimiento de sus convenios y que debían preparar sus propias alternativas.
Y tiene razón en una cosa: los municipios también tienen responsabilidades legales en materia de residuos.
Pero eso no responde qué hizo el Gobierno del Estado durante estos años para construir una solución regional, coordinar infraestructura o evitar que prácticamente toda la entidad terminara dependiendo de un sitio cuya vida útil estaba llegando a su fin.
Porque si el problema estaba identificado desde hace dos años, alguien tendría que explicar por qué llegamos a noviembre con una emergencia ambiental y sin una alternativa pública suficiente.
No se trata de repartir culpas a conveniencia, sino de revisar qué hizo cada autoridad con el tiempo y los recursos que tuvo disponibles.
- Ecatepec: el proyecto que tampoco prosperó
Hay un antecedente que resulta indispensable para entender cómo llegamos a este punto: el fallido Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar que se pretendía instalar en San Pedro Ecatepec, municipio de Atlangatepec.
El proyecto fue presentado como parte de una nueva estrategia del Gobierno federal, para transformar el manejo de los residuos, aprovechar materiales y dejar atrás el modelo tradicional de los tiraderos.
Pero desde que comenzó a conocerse la propuesta surgieron inconformidades entre habitantes de San Pedro Ecatepec y San Francisco Atexcatzingo.
Los pobladores expresaron su preocupación por los posibles efectos sobre el suelo, los mantos acuíferos, la presa de Atlangatepec y los ecosistemas de la región. También cuestionaron la información disponible sobre las empresas que participarían y las características reales de las instalaciones.
El conflicto creció hasta que, en octubre de 2026, el propio Gobierno del Estado informó que el proyecto quedaba descartado.
La explicación oficial fue que los estudios técnicos determinaron que el terreno no era viable, después de analizar factores ambientales, económicos y las características del desarrollo que se pretendía instalar.
Es decir, no se trató únicamente de que los habitantes se opusieran. La autoridad terminó reconociendo que el sitio no reunía las condiciones necesarias para continuar con el proyecto.
Y aquí aparece otra pregunta que merece respuesta.
¿Cuánto tiempo y cuántos recursos se destinaron a impulsar una alternativa que finalmente resultó inviable?
Porque el proyecto de Ecatepec no era cualquier ocurrencia. Se había colocado dentro de la estrategia de economía circular que debía contribuir a resolver el problema de los residuos.
Su cancelación dejó nuevamente al gobierno frente a la necesidad de encontrar otro terreno, otra alternativa y, sobre todo, otra explicación.
Lo preocupante es que el reloj siguió avanzando.
Mientras se discutía la viabilidad de Ecatepec, Atlangatepec continuaba acercándose al vencimiento de sus convenios y los municipios seguían sin tener certeza sobre el destino de su basura.
Al final, el proyecto quedó en el camino y la crisis llegó puntual a su cita.
- Xotla: ahora resulta que los terrenos ni siquiera están vendidos
Y cuando parecía que la empresa privada podría ofrecer una salida inmediata, apareció otro problema.
El proyecto conocido como Xotla Soluciones Ambientales, planteado en la zona de Plan de Ayala, Zotoluca y Rancho Seco, entre Tetla y Tlaxco, comenzó a generar inconformidad entre habitantes de las comunidades cercanas.
Los vecinos han expresado preocupaciones ambientales, cuestionamientos sobre los permisos y rechazo a que sus comunidades se conviertan en receptoras de los residuos de otros municipios.
Pero la historia dio un giro todavía más complicado.
El pasado 5 de noviembre, representantes de los propietarios de terrenos vinculados al proyecto negaron que existiera una compraventa para instalar un relleno sanitario.
De acuerdo con la información difundida por los representantes de Rancho Seco y la sociedad propietaria, los acercamientos iniciales estaban relacionados con un posible arrendamiento y estudios de viabilidad, no con la venta definitiva de los predios para depositar basura.
Incluso denunciaron que se habían realizado intervenciones y abierto caminos sin su autorización, por lo que anunciaron la terminación del acuerdo y su oposición al ingreso de camiones recolectores.
¡Vaya enredo!
Porque una cosa es que una empresa anuncie un proyecto de disposición final de residuos y otra muy distinta es que tenga plenamente acreditada la disponibilidad legal de todos los terrenos que necesita para operar.
La negativa de los propietarios no demuestra, por sí sola, que todo el proyecto sea inviable, pero sí abre un problema que no puede pasarse por alto.
¿Sobre qué predios pretende operar Xotla? ¿Quién tiene la propiedad o posesión legal de cada uno? ¿Qué permisos se han expedido? ¿Qué superficie está efectivamente disponible? ¿Qué estudios ambientales respaldan el proyecto?
Y hay una pregunta todavía más importante: ¿cómo pueden los municipios considerar una alternativa que enfrenta inconformidad social y cuestionamientos sobre la disponibilidad de parte de los terrenos?
Lo ocurrido en Ecatepec debería servir como antecedente.
No basta con anunciar un polo de economía circular, hablar de tecnología o presentar una empresa como solución. Primero hay que demostrar que el terreno es viable, que existen autorizaciones, que el proyecto tiene sustento técnico y que no se está preparando una nueva controversia ambiental.
De lo contrario, Tlaxcala corre el riesgo de cambiar de ubicación el problema sin resolverlo.
- Pedro Aquino y los convenios de última hora
Mientras los proyectos encuentran obstáculos, la Secretaría de Medio Ambiente decidió recurrir a lo que parece ser su alternativa más inmediata: extender los convenios para que los municipios continúen depositando sus residuos en Atlangatepec.
La documentación periodística difundida esta semana señala que los acuerdos fueron elaborados con fecha del 10 de noviembre y enviados a los ayuntamientos para su firma.
Uno de los documentos establece un pago de 121 mil 849 pesos con 29 centavos por el servicio correspondiente al periodo de agosto a diciembre de 2026, con cargo a recursos municipales.
La cantidad corresponde a un convenio específico y no significa que todos los municipios deban pagar lo mismo.
Pero el asunto no termina ahí.
También surgieron señalamientos sobre presuntas presiones para que alcaldes y síndicos firmaran los documentos prácticamente de inmediato, bajo la advertencia de que sus camiones podrían quedarse sin acceso al sitio de disposición final.
Estas versiones necesitan esclarecerse, porque si las condiciones fueron esas, estaríamos ante una forma bastante cuestionable de conducir la relación entre el gobierno estatal y los ayuntamientos.
¿Los cabildos conocieron los convenios? ¿Autorizaron los compromisos económicos? ¿Se explicó cómo fueron calculadas las tarifas? ¿Se respetaron los procedimientos legales?
Y, sobre todo, ¿qué garantías tienen los municipios de que el servicio continuará sin nuevas interrupciones?
La administración estatal sostiene que la ampliación busca evitar afectaciones a la población, una necesidad que nadie puede desconocer.
Pero una cosa es atender una emergencia y otra utilizar la emergencia como explicación permanente de decisiones que debieron tomarse con anticipación.
Porque ahora resulta que los municipios deben encontrar en unas cuantas semanas la solución que las autoridades estatales y municipales no lograron concretar durante años.
- El 31 de diciembre tampoco resolverá nada
La nueva fecha es el 31 de diciembre de 2026.
Hasta entonces, el Gobierno del Estado pretende mantener abierto Atlangatepec mediante convenios temporales, mientras los municipios encuentran alternativas para disponer de sus residuos.
Pero vale la pena detenerse en un detalle.
¿Qué ocurrirá el primero de enero de 2027?
¿Estarán listas las estaciones de transferencia? ¿Existirán suficientes empresas autorizadas? ¿Los municipios tendrán recursos para pagar los traslados? ¿Habrá sitios con capacidad para recibir las toneladas que actualmente llegan a Atlangatepec?
Y si la respuesta es negativa, ¿volveremos a escuchar que habrá otra prórroga?
El problema no es únicamente encontrar dónde descargar mañana. También implica determinar cuánto costará transportar los residuos, qué municipios podrán cubrir esas tarifas y qué medidas se tomarán para evitar tiraderos clandestinos.
Porque enviar basura a otro municipio o incluso a otra entidad federativa puede resolver temporalmente la disposición final, pero también puede incrementar los costos de combustible, personal, mantenimiento y operación.
Y esos recursos tendrán que salir de algún lado.
De los presupuestos municipales, naturalmente.
Los mismos presupuestos con los que deben atenderse calles, alumbrado, seguridad, agua potable y otros servicios.
- ¿Una herencia para el próximo gobierno?
Hay otro elemento que comienza a cobrar relevancia y que no debería perderse de vista: el calendario político.
A la administración de Lorena Cuéllar Cisneros todavía le quedan meses por delante, pero Tlaxcala ya se encuentra en la antesala de la sucesión gubernamental de 2027.
Y mientras se habla de candidaturas, alianzas, encuestas y proyectos políticos, la crisis de la basura sigue sin una solución estructural claramente definida.
El riesgo es evidente.
Que el actual gobierno termine administrando la emergencia mediante convenios temporales, proyectos que no se concretan y acuerdos con particulares, para que sea la siguiente administración la que tenga que enfrentar las decisiones más costosas.
No hay elementos para afirmar que exista una decisión deliberada de heredar el problema. Pero la sucesión de aplazamientos obliga a plantear esa posibilidad como una preocupación legítima.
Porque los rellenos sanitarios no se construyen de un día para otro. Requieren terrenos, estudios ambientales, inversión, permisos, infraestructura y acuerdos sociales.
Y si esas condiciones no se encuentran resueltas antes del cambio de gobierno, quien llegue al Palacio de Gobierno en 2027 podría recibir, junto con las llaves del despacho, una emergencia ambiental que lleva años acumulándose.
Sería una herencia bastante incómoda.
Sobre todo para una administración que ha colocado el discurso ambiental y la economía circular dentro de sus prioridades.
La pregunta es si Lorena Cuéllar podrá entregar un sistema de disposición final funcionando o solamente un expediente lleno de proyectos inconclusos, convenios vencidos y conflictos con las comunidades.
- ¿Y quién responde por todo esto?
Pedro Aquino tendrá que explicar las decisiones tomadas desde la Secretaría de Medio Ambiente, los criterios utilizados para determinar las tarifas y la viabilidad de las alternativas que se están ofreciendo a los municipios.
También deberá aclarar qué ocurrió con el proyecto de Ecatepec y qué información oficial existe sobre Xotla, particularmente después de que propietarios de terrenos rechazaron haber autorizado su venta para instalar un relleno sanitario.
Los presidentes municipales, por su parte, tendrán que demostrar que hicieron lo necesario para preparar alternativas, porque tampoco pueden limitarse a señalar al gobierno estatal mientras sus servicios de recolección enfrentan problemas.
Pero la responsabilidad política de conducir la estrategia estatal corresponde a la administración de Lorena Cuéllar.
Y es ahí donde hace falta una explicación de fondo.
¿Cuál es el proyecto definitivo para los residuos de Tlaxcala? ¿Dónde se instalará? ¿Cuánto costará? ¿Quién lo operará? ¿Qué autorizaciones necesita? ¿Cuándo comenzará a funcionar?
Son preguntas elementales que deberían tener respuestas públicas y verificables.
Porque el problema ya no admite solamente discursos sobre sustentabilidad, fotografías de reuniones o anuncios de nuevas mesas de trabajo.
Tlaxcala necesita saber qué sucederá con su basura cuando termine diciembre, pero también qué ocurrirá durante los próximos cinco, diez o veinte años.
Y mientras no exista esa respuesta, la incertidumbre seguirá creciendo.
- » La basura también tiene memoria
En unos meses comenzarán a multiplicarse los discursos rumbo a 2027.
Habrá quienes prometan transformar Tlaxcala, quienes ofrezcan continuidad y quienes aseguren tener soluciones para todos los problemas.
Pero difícilmente podrán ignorar una crisis que afecta por igual a los habitantes de los 60 municipios.
Porque la basura no pregunta por quién votó una familia antes de acumularse frente a su casa.
Tampoco desaparece con una conferencia de prensa.
El proyecto de Ecatepec fue cancelado. Xotla enfrenta cuestionamientos sociales y sobre la disponibilidad de terrenos. Atlangatepec sigue recibiendo residuos pese a los antecedentes de saturación y los municipios tienen hasta el último día del año para encontrar alternativas.
Ese es el escenario con el que Tlaxcala llega al cierre de 2026.
Y aunque todavía hay tiempo para tomar decisiones, cada nueva prórroga reduce el margen para construir una solución duradera.
Lorena Cuéllar y Pedro Aquino tienen la oportunidad de explicar cómo piensan resolver el problema antes de que concluya esta administración.
De lo contrario, la crisis podría convertirse en uno de los pendientes más difíciles que reciba el próximo gobierno.
Porque en Tlaxcala la basura lleva años acumulándose.
Y a este paso, lo único que parece avanzar con cierta puntualidad es el calendario electoral. Se lo digo así, sin maquillaje ni retoques…