Demian Márquez | El coordinador de Comunicación del Gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, rechazó que la administración estatal haya presionado a los 60 ayuntamientos para firmar el convenio relacionado con el manejo y disposición final de residuos sólidos, pese a los señalamientos sobre el envío de documentos por WhatsApp y las advertencias de impedir el acceso al relleno sanitario de Atlangatepec a quienes no lo suscribieran.
Cuestionado sobre las presuntas amenazas y el plazo establecido para entregar los documentos firmados por presidentes municipales y síndicos, el funcionario sostuvo que cada ayuntamiento tiene libertad de aceptar o rechazar las condiciones del acuerdo.
Sin embargo, advirtió que quienes decidan no hacerlo podrían quedarse sin el servicio de disposición final, lo que terminaría afectando directamente a sus habitantes.
Martínez Velázquez argumentó que, conforme al artículo 115 de la Constitución, la responsabilidad del servicio de limpia, recolección, traslado y disposición de residuos corresponde a los municipios, por lo que consideró que las autoridades municipales deben asumir las consecuencias políticas y administrativas de no resolver esta obligación.
Asimismo, negó que el convenio incorpore condiciones distintas a las que anteriormente se habían planteado y justificó el plazo reducido para su firma al señalar que el cierre del ejercicio fiscal, tanto para los ayuntamientos como para el Gobierno estatal, ocurrió el pasado 31 de octubre, situación que complicaba la realización de los trámites administrativos pendientes.
El coordinador calificó los señalamientos como una estrategia mediática para presentar como presión una exigencia que, desde su perspectiva, corresponde a las obligaciones constitucionales de los gobiernos municipales.
También cuestionó que algunos alcaldes eviten asumir el costo político de las decisiones relacionadas con el cobro por el manejo de los residuos.
Las declaraciones se producen luego de que se documentara un convenio específico que contempla la autorización para retener participaciones o recursos municipales por concepto del servicio, con un pago de 121 mil 849 pesos correspondiente al periodo de agosto a diciembre de 2026, además de disposiciones que delimitan las responsabilidades de las autoridades estatales y municipales.