Gran revuelo causó la sentencia de la Suprema Corte de Estados Unidos mediante la cual regresa a los estados la facultad de legislar respecto a la legalización o no del aborto.
Como bien sabemos, dicha sentencia revierte la emitida en 1973, por lo que las feministas consideran que constituye un retroceso en el avance del reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Por otra parte, los grupos conservadores consideran un gran avance ya que, como bien sabemos, han luchado por que se defienda el derecho a la vida desde el momento de la concepción.
Más allá de la postura que cada quien adopte, es importante entender el razonamiento de la Corte, porque como lo han manifestado, si se trata de derechos reconocido, lo importante es plasmarlo en la ley.
Contrario a lo que podríamos pensar, en aquel país la población joven es mucho más pro vida que la generación adulta, por ello se habla de una nueva ola, menos liberal, tan es así, que al momento de la sentencia ya había 16 estados que tenían listas sus legislaciones para prohibir el aborto, y otros 16 ya las tienen en proceso.
Lo más importante es analizar la influencia de este tipo de decisiones para nuestro país y hacer un comparativo del avance que tenemos al respecto.
No es de nadie desconocido que el reconocimiento de estos derechos es producto de las luchas feministas que han impulsado. entre otros, el reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos; además, que los movimientos de mujeres siempre han tenido mayor afinidad con los partidos de izquierda, por lo que se esperaba que al asumir López Obrador la Presidencia, con la mayoría en las Cámaras de Diputados y Senadores, se impulsaran las leyes por las que tanto han luchado, con especial énfasis en la del aborto.
Sin embargo, no ha sido de esta manera. De hecho, la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida el año pasado, consideró por unanimidad de diez votos que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales. Es decir, es análoga a la sentencia de Estados Unidos de hace caso 50 años.
Evidentemente no es suficiente porque, si bien es cierto hoy día ninguna mujer, en ninguna entidad federativa, puede ser procesada por causa del aborto, y eso se hace extensivo al personal médico que la atienda, también es cierto que, al no estar en la ley, tampoco hay políticas públicas ni presupuestos para su atención. Sobra decir que no se está haciendo énfasis en estrategias efectivas de prevención y atención.
