La congruencia no es un atributo que distinga el gobierno de la 4T en Tlaxcala.
Aunque la gobernadora ha manifestado públicamente que es aliada de las mujeres y que no permitirá que haya casos de abuso que signifiquen la vulneración de sus derechos, lo cierto es que, en privado, es complaciente con sus subordinados.
Ahí está el caso de su secretario de Gobierno, quien violentó a una mujer en un acto público en Ixtenco. Incluso el de un fotógrafo de prensa señalado de ciber-acoso.
Pero los casos no paran ahí.
Resulta que su secretario de Medio Ambiente, Luis Antonio Ramírez es deudor alimentario, según lo señalado por un colectivo que defiende los derechos de las víctimas de esta inmoral falta.
Incluso, la revista Proceso presentó el caso en sus páginas, donde, para variar, salió a la luz la incongruencia del gobierno morenista de Tlaxcala, puesto que, para proteger al servidor público de la acción de la justicia, habría falseado según información de sus ingresos para evadir los pagos, y requerido a la Procuraduría de Justicia que la denuncia interpuesta en su contra se rezague.
¡Vaya ejemplo de compromiso de esta administración estatal con las causas de las mujeres!
Y en este orden de ideas valdría preguntar también si el protegido político de la diputada de Morena que manda en el Congreso del Estado, puede ser un interlocutor válido con el Poder Legislativo cuando es prueba viviente de que las leyes se hicieron para romperse.
Hoy escribe: Jeserh Mejía.
