En el recuerdo de la mayoría de los tlaxcaltecas perdura el papel desempeñado por el exgobernador Mariano González Zarur, cuya política de «diálogo» se caracterizó por el uso de la fuerza y la represión en distintos ámbitos de la sociedad.
En aquellos tiempos, policías, estudiantes, personas mayores, maestros y jubilados presenciaron una política gubernamental implacable que buscaba sofocar cualquier disidencia. Algunos medios de comunicación y activistas decidieron en ese entonces mantener un silencio cómplice y notorio para proteger sus intereses y, lo que es más preocupante, justificaron las acciones del gobierno durante aquellos sombríos episodios.
Sin embargo, la hipocresía de algunos de estos actores ha quedado al descubierto en la actualidad. Hoy, los mismos medios y activistas que antes callaban, se presentan como defensores de los derechos humanos y del bienestar del pueblo, especialmente en el contexto de un reciente desalojo llevado a cabo por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Este desalojo estuvo dirigido a personas vinculadas con el PRI que se oponen al funcionamiento de los nuevos Módulos de Salud Integral de Pensiones Civiles de Tlaxcala.
Es innegable que la historia de saqueo en Pensiones Civiles de Tlaxcala es lamentable. A lo largo de los años, diversos personajes, incluidos exgobernadores, han aprovechado la institución para enriquecerse y obtener ganancias millonarias mediante estafas.
Es justo señalar que los medios y activistas, que hoy buscan ser la voz de la indignación, también han sido objeto de cuestionamiento por su falta de acción durante todos esos años de pillaje.
Su silencio ante las denuncias y su omisión en momentos en que el pueblo necesitaba apoyo para enfrentar la represión y el abuso de poder por parte del PRI, ha sido motivo de críticas y reproches.
Ahora, más que nunca, es imprescindible una reflexión profunda sobre el papel de los medios y activistas en la construcción de una sociedad informada y justa.
