Fue la independiente Blanca Águila Lima quien comenzó el debate al señalar que, aunque la administración de Lorena Cuéllar ha negado la existencia de células criminales, informes federales confirman su presencia en Tlaxcala. Citó el diagnóstico de seguridad de los primeros 100 días de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, el cual revela la operación de al menos tres grupos delictivos en la entidad.
“Negar y minimizar estos hechos provoca que no se asuma responsablemente la tarea de ofrecer el máximo resguardo a la sociedad tlaxcalteca y a cada uno de los sectores que la integran. Exijo al gobierno del estado que actúe con responsabilidad, que reconozca la realidad y que asuma su obligación de proteger a la sociedad”, exclamó Águila Lima desde la tribuna.
Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Aguilar Vega, mostró su preocupación ante la falta de políticas públicas en materia de seguridad, y solicitó la comparecencia del secretario de Seguridad, Alberto Martín Perea Marrufo, ante el Congreso del estado. Aguilar Vega consideró que es necesario que el funcionario explique la estrategia implementada y escuche sugerencias de expertos en la materia.
“Tlaxcala atraviesa una etapa crítica en materia de seguridad, derivada de acciones erráticas que a diario vemos reflejadas en la creciente ola de violencia y delincuencia que afecta a los ciudadanos”, expresó la legisladora.
Aguilar Vega citó la reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024, que revela que en Tlaxcala sólo se denunció el 11.2% de los delitos cometidos en 2023. De este porcentaje, solo el 7.3% terminó en una carpeta de investigación, lo que refleja una creciente impunidad.
“En Tlaxcala no existe una estrategia clara en materia de seguridad. La violencia y delincuencia nos ha rebasado, y no sólo lo digo yo, lo expresan a diario los ciudadanos que exigen cuentas al secretario de Seguridad Ciudadana”, señaló Aguilar Vega.
Asimismo, hizo un llamado a la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Ernestina Carro Roldán, para que persiga a los delincuentes y no entorpezca el proceso de denuncia ni fabrique carpetas de investigación, como ocurrió con los casos de Pedro N. y Edson N., recientemente exonerados de cargos fabricados por la Fiscalía.
El morenista Vicente Morales Pérez fue uno de los primeros en salir en defensa del gobierno estatal, exigiendo que si algún diputado tiene conocimiento de la presencia de crimen organizado en la entidad, aporte pruebas. “Afirmar que hay delincuencia organizada en Tlaxcala es grave. Si tienen datos, es importante que los presenten para precisar esa información. Todos estamos preocupados, y como Congreso tenemos una función importante en este tema”, expresó Morales Pérez.
La legisladora Blanca Águila Lima respondió que las declaraciones sobre la presencia del crimen organizado provienen de instituciones federales y que el Congreso debe atender esta información. “Es loable que el diputado Vicente Morales trate de justificar lo injustificable, pero quienes hemos hablado en esta tribuna lo hemos hecho con datos duros y oficiales, publicados por las instituciones de seguridad. No son meras ocurrencias”, subrayó Águila Lima.
El diputado de Nueva Alianza, Bladimir Zainos Flores, trató de mediar el debate, señalando que la seguridad es responsabilidad de los tres poderes del Estado. “Es tarea de todos, no se trata de echarnos la culpa unos a otros, sino de sumar esfuerzos para dar resultados en materia de seguridad”, concluyó.
