Las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el gasto público en Tlaxcala son un reflejo amargo de la realidad: un manejo deficiente de los recursos públicos. Más de 100 millones de pesos en observaciones por irregularidades en el manejo de fondos federales es una cifra que no se puede ignorar.
Es un llamado urgente a la acción. La política de «no mentir, no robar, no traicionar» se ha puesto a prueba en Tlaxcala, y la transparencia y la rendición de cuentas parecen haber quedado en el camino. Es necesario que la ciudadanía exija respuestas claras y contundentes: ¿Dónde está el dinero? ¿Cómo se van a corregir las irregularidades? ¿Quiénes son los responsables?
No podemos permitir que la corrupción se convierta en la norma. Es momento de que la política se convierta en un instrumento para el bien común, no para el enriquecimiento personal. La transparencia y la rendición de cuentas son la base de una sociedad justa y equitativa. Exigir un manejo responsable de los recursos públicos es un deber ciudadano, y no debemos permitir que la impunidad se instale.
Es tiempo de que Tlaxcala se ponga en orden. La ASF nos ha mostrado un espejo, y es momento de que la sociedad se mire y actúe.
