En una carta dirigida al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, el ex tesorero municipal de Lázaro Cárdenas, Pablo Vázquez, denunció haber sido forzado a renunciar bajo amenazas de linchamiento, luego de haber detectado presuntas irregularidades en la carga de combustible financiada con recursos públicos.
Los hechos, ocurridos el domingo 13 de abril, iniciaron con una llamada de la encargada de una gasolinera, quien alertó sobre una carga de gasolina no autorizada por el Ayuntamiento. Se trataba de una camioneta blanca con placas oficiales que habría abastecido más de 1,800 litros de combustible con vales presuntamente falsificados.
Según la denuncia del ex funcionario, tras verificar la situación con personal de la gasolinera, acudió a la presidencia municipal, donde fue privado de su celular y obligado a firmar su renuncia. Señala directamente a la presidenta municipal C. Elena Macías Díaz, al coordinador de Protección Civil Brayan Rodríguez Cervantes, al secretario del Ayuntamiento Artemio González Cervantes y al asesor político Alfredo Macías Lima, como involucrados en una serie de amenazas que incluyeron golpes y linchamiento, si no asumía la responsabilidad por el desvío de combustible.
Vázquez indica que fue presionado para firmar documentos y que, ante la negativa, fue víctima de intimidaciones físicas y verbales. “Si no firmas, voy a llamar a la gente para que te linchen”, habría sido una de las frases que escuchó, según su testimonio.
Además, asegura que se le despojó de los tokens de seguridad bancaria y claves del portal de internet, lo cual, afirma, imposibilita cualquier entrega formal de cuentas y lo deslinda de cualquier movimiento posterior con los recursos municipales.
En la misiva, Pablo Vázquez solicita que la entrega-recepción de la Tesorería se realice en instalaciones del Órgano de Fiscalización Superior, bajo garantías de seguridad personal, y responsabiliza a las autoridades municipales de cualquier daño a su integridad física.
Finalmente, advirtió que existen antecedentes de vales falsificados y uso irregular de combustibles, en los que también estarían involucrados otros funcionarios del Ayuntamiento. El documento fue dirigido a diversas instancias, incluidas la Comisión de Finanzas del Congreso local y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
