¡¡¡La declaración más reciente…Marcela González Castillo, dirigente estatal de Morena sostuvo que el gobierno del estado deberá justificar el uso de las camionetas si decide mantenerlas en operación. En caso contrario, precisó, cualquier militante podría presentar una queja ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia del partido.
Edgar GARCÍA | La Bestia Política/ A ocho días de que el Consejo Nacional de Morena emitiera un nuevo decálogo de ética republicana, prohibiendo a sus funcionarios el uso de vehículos blindados, escoltas y lujos innecesarios, el gobierno de Tlaxcala —encabezado por la morenista Lorena Cuéllar Cisneros— permanece en silencio frente a las crecientes críticas por la anterior compra de 10 camionetas blindadas modelo Chevrolet Suburban High Country.
Hasta el momento se desconoce si la administración estatal justificará ante la dirigencia nacional la adquisición de los vehículos, si conservará la totalidad de las unidades o si destinará únicamente algunas al gabinete de seguridad.
El pasado domingo, el Consejo Nacional de Morena dictó una serie de lineamientos sobre el comportamiento ético que deben observar sus representantes, funcionarios públicos y militantes, en el marco de una estrategia para fortalecer la imagen del partido rumbo a 2027.
Uno de los puntos que más llamó la atención fue la prohibición expresa del uso de vehículos blindados, servicios de seguridad privada o personal de apoyo excesivo, salvo en casos donde existan razones fundadas de seguridad que lo justifiquen.
En Tlaxcala, desde que se hizo pública la adquisición de las camionetas blindadas, no ha habido información oficial. La administración estatal, bajo las siglas de Morena, reservó hasta el año 2030 los contratos y facturas relacionadas con la compra.
La adquisición fue confirmada mediante una solicitud de información dirigida a la Oficialía Mayor. De acuerdo con los datos disponibles, la compra se realizó por adjudicación directa, sin proceso de licitación, a favor de la empresa Epel, S.A. de C.V., con sede en la Ciudad de México. El monto total ascendió a 56 millones 259 mil pesos.
Los vehículos —equipados con motor V8, tracción 4×4, transmisión automática de 10 velocidades y sistema de remolque— habrían sido asignados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial del gobierno estatal sobre su destino o uso actual.
El único funcionario que ha hecho mención pública del tema es el secretario de Finanzas, David Álvarez Ochoa, quien reconoció la compra, pero dijo no recordar ni el monto invertido ni la partida presupuestal de donde provinieron los recursos. Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana justificó la adquisición con base en “protocolos de seguridad”, aunque también admitió desconocer detalles.
La operación contrasta directamente con el nuevo código de conducta de Morena, difundido el pasado 5 de mayo, en el cual se establece como prohibición el uso de vehículos blindados, seguridad privada y apoyos excesivos —a menos que se documenten razones de seguridad específicas—.
A pesar de ello, el gobierno de Tlaxcala no ha emitido ningún posicionamiento, incluso cuando la propia administración promueve a la entidad como “el estado más seguro del país”.
El periodista Juan Luis Cruz Pérez, en La Jornada de Oriente Tlaxcala publicó este lunes una entrevista con la dirigente estatal de Morena, Marcela González Castillo, quien sostuvo que el gobierno del estado deberá justificar el uso de las camionetas si decide mantenerlas en operación. En caso contrario, precisó, cualquier militante podría presentar una queja ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia del partido.
“El lineamiento establece que existen excepciones, siempre y cuando se justifique. Entonces, se deberá justificar ante las autoridades partidistas”, declaró González Castillo respecto al gasto realizado por el Ejecutivo estatal en vehículos blindados, particularmente cuando el Consejo Nacional de Morena ha prohibido su uso.
Añadió González Castillo que comprende la necesidad de seguridad para quienes encabezan gobiernos, pero subrayó que “eso le compete al gobierno, pues hay que justificar este tema”, y recalcó que cualquier militante inconforme puede acudir a los órganos de justicia interna del partido.
Cabe puntualizar que hasta ahora, no se ha informado si dicho órgano partidista ha iniciado algún procedimiento.
Por su parte, la dirigencia nacional de Morena tampoco ha emitido pronunciamientos sobre esta adquisición que involucra a uno de los gobiernos emanados de la autodenominada Cuarta Transformación.
