El Bestiario | El privilegio disfrazado de víctima en Tlaxcala
El pasado 7 de mayo, la empresa Autobuses Puebla, Tlaxcala, Calpulalpan y Anexas protagonizó un nuevo acto de simulación: bloqueos, pancartas y gritos de “¡basta de hostigamiento!” para disfrazar lo que, en el fondo, era una rabieta de quienes por años usufructuaron el transporte público como si fuera una herencia familiar.
Dicen defender sus derechos. Pero lo que en realidad exigen es la perpetuación de sus privilegios, no del interés colectivo. Y cuando la ley les toca la puerta, no responden con legalidad, sino con acarreados, amenazas y falsos mártires.
La familia Tuxpan Meneses, que ha convertido la empresa en feudo, no está siendo perseguida: está, por fin, siendo observada. Y eso, en un estado como el de Tlaxcala, acostumbrado a mirar hacia otro lado, ya es una victoria ciudadana.
El verdadero escándalo no son los bloqueos, sino lo que ocultan: exsocios con miedo a hablar, permisionarios hartos del autoritarismo interno, rutas operando al margen de la ley, y usuarios expuestos todos los días a un transporte ineficiente, inseguro y decadente.
Esos camiones oxidados que rugen por la Tlaxcala–Puebla no solo transportan personas: arrastran la historia de una impunidad que ha durado décadas. Choferes sin capacitación, unidades sin frenos, denuncias que no avanzan. Todo eso fue posible porque el gobierno permitió que esa empresa creciera, no por mérito, sino por omisión.
Y es que, más allá de los conflictos internos entre socios —que han derivado en la salida de 87 permisionarios y el anuncio de al menos 36 más que buscan separarse por malos tratos, corrupción y abandono administrativo—, lo cierto es que la empresa se ha caracterizado por ofrecer un servicio deplorable.
Las quejas de la ciudadanía son constantes y fundadas. Basta con darse una vuelta a la carretera Tlaxcala–Puebla (Ruta 119), donde se constata que las unidades son viejas, están en malas condiciones mecánicas y son operadas por choferes sin la capacitación adecuada, que además manejan a exceso de velocidad y en abierta violación a la Ley de Comunicaciones y Transportes.
Y ahora que alguien intenta poner orden, los dueños del caos gritan represión.
¿Pero cómo tomar en serio una protesta que se alimenta de amenazas y billetes? Testimonios revelan pagos de $200 a $500 para “motivar” la asistencia y multas de $1,000 a quienes se negaran a marchar. Así no se construye una causa. Así se compra una mentira.
Lo que está en juego aquí no es solo el control de una empresa de transporte. Es el principio mismo de legalidad.
Porque si el Estado cede ante estos caciques del volante, ¿qué mensaje manda a los demás? Que quien grite más fuerte, bloquee más calles y acarrée más gente puede evadir la ley.
El caso Tuxpan Meneses no debe resolverse con parches ni mesas de diálogo donde solo se negocien privilegios. Debe enfrentarse con justicia, auditorías, sanciones y, si es necesario, cárcel.
Porque el transporte público no es botín, ni negocio privado, ni propiedad hereditaria. Es un derecho.
Y ese derecho debe ser protegido de quienes, por años, lo usaron para enriquecerse y amedrentar.
Ya basta de transportistas que se creen virreyes.
La ciudadanía merece un sistema digno, moderno y libre de caciques.
Y Tlaxcala, de una vez por todas, debe poner fin a los feudos con placa. ¿Se atreverán las autoridades?
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LA CAMINERA...Que se aplique la ley y no tiemble la mano…La Secretaría de Movilidad y Transporte lanzó una advertencia firme tras el video donde sujetos intimidan a un operador en Chiautempan: tolerancia cero a la violencia en el transporte público.
Pero más allá del discurso, lo que se exige es acción. Porque las concesiones no son licencias para el abuso, y quienes suplantan autoridad deben enfrentar consecuencias reales, no solo boletines.
Que se investigue, que se sancione, y que esta vez no tiemble la mano.
El transporte público no puede seguir siendo territorio de caciques, amenazas y extorsión.
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AHORA SÍ, LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS…La justicia que no llega…Carlos Manuel y Carlos Abdiel fueron atropellados el 19 de mayo en Ocotlán. Murieron. La responsable huyó. Dicen que trabaja en el C5i. Y mientras sus madres claman frente a Palacio de Gobierno, el silencio institucional apesta a encubrimiento.
Una semana después, la Fiscalía dice tener pruebas… pero no nombres. ¿La ley tarda o la están frenando?
“No queremos flores, queremos justicia”, gritaron. Y gritaron bien. Porque en Tlaxcala, cuando dos jóvenes mueren bajo las ruedas de la impunidad, no se llora: se exige. Y si el poder protege a los suyos.
