* Exigen intervención de autoridades estatales y federales para frenar abusos y deterioro ecológico.
Fabiola MÁRQUEZ/ Vecinos del municipio de Papalotla presentaron hoy un escrito formal ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Ayuntamiento municipal y la Gobernadora del Estado de Tlaxcala, en el que denuncian lo que califican como un grave acto de despojo territorial y una posible violación a la normatividad ambiental, presuntamente cometido por el ciudadano Indalecio Saucedo Sánchez, identificado como líder transportista en la entidad.
Según el documento hecho llegar a esta redacción, el señor Indalecio Saucedo habría intervenido un terreno ubicado en una zona de barranca cercana a su domicilio, sin contar —hasta donde se tiene conocimiento— con permisos municipales, estatales ni federales, ni con estudios de impacto ambiental que avalen su ocupación.
Los denunciantes subrayan que la zona invadida reviste un carácter de protección especial, ya que se encuentra bajo jurisdicción compartida de los tres niveles de gobierno, lo que hace aún más urgente la revisión de posibles violaciones a leyes ambientales, de uso de suelo y de protección de bienes nacionales.
El documento respaldado por cerca de 70 firmas de ciudadanos inconformes de los abusos del líder transportista, también señala que este caso no es aislado, pues tanto vecinos y transportistas en activo han venido denunciando desde hace tiempo que el liderazgo de Saucedo Sánchez estaría sostenido por vínculos políticos con exfuncionarios y exgobernadores, lo que presuntamente ha facilitado la apropiación indebida de bienes públicos para fines personales o de grupo. Esta situación, afirman, se ha mantenido en la impunidad ante la inacción institucional, generando un profundo malestar y desconfianza ciudadana.
Ante ello, los vecinos han solicitado de manera enérgica que las autoridades actúen de forma inmediata. Entre sus peticiones destacan: la investigación transparente del caso, la publicación de información legal y ambiental del predio afectado, la intervención de las autoridades federales y estatales competentes, la demolición de obras ilegales, y la garantía de acceso público a la documentación relativa al uso de suelo, propiedad del terreno e impacto ambiental.
Además, los firmantes expresaron su temor por posibles represalias debido a la forma en que el acusado se ha conducido en el pasado. Aun así, manifiestan su confianza en que las autoridades actuarán conforme a la ley y en defensa del interés colectivo. Este caso refleja una problemática estructural en el país, donde el abuso de poder, la corrupción política y la omisión de los gobiernos permiten que actores con influencia se beneficien a costa del medio ambiente y del patrimonio común.
Si bien la legislación mexicana contempla instrumentos para frenar estos abusos, como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Ley de Bienes Nacionales, su efectividad depende de la voluntad política y de una ciudadanía activa, como la que hoy se manifestó en Papalotla.
La comunidad ha dejado claro que no permanecerá en silencio frente a este tipo de atropellos y que seguirá luchando por un Papalotla libre de impunidad y de construcciones ilegales. Las autoridades, ahora, tienen la palabra.
