Fabiola Márquez/El escándalo por las denuncias del interno Ventura “N.” ya cobró su primera pieza en el gabinete de seguridad: Juan Antonio Martínez Guerrero, director de los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Tlaxcala, fue suspendido temporalmente mientras avanzan las investigaciones internas y las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).
La decisión se tomó este martes en la Mesa Estatal de Seguridad, donde la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros instruyó que el caso se investigue “hasta donde tope”, en respuesta a las graves acusaciones que circulan en redes y que han puesto bajo la lupa al sistema penitenciario.
Un video que encendió la crisis.
El detonante fue un video grabado al interior del Cereso de Apizaco, donde Ventura “N.” denunció una supuesta red de extorsiones, abusos de autoridad, amenazas de muerte. orden de homicidios y hasta delitos orquestados desde la estructura penitenciaria. «Sacan a los presos a cometer delitos y los vuelven a regresar al penal», expresó.
Según su testimonio, debía pagar entre 2 mil 500 y 3 mil 500 pesos mensuales para conservar su trabajo en el taller de pinzas del Cereso de Tlaxcala y evitar sanciones arbitrarias. También acusó que algunos internos eran sacados del penal para cometer robos y homicidios.
El interno relató que, tras negarse a seguir pagando, fue despojado de sus pertenencias, trasladado a Apizaco y que su familia fue amenazada, incluso con el incendio de una vivienda cercana como advertencia. Todas las acusaciones permanecen en el terreno de lo presunto y deberán ser verificadas por las autoridades.
En las próximas horas se prevé el nombramiento de un encargado de despacho para garantizar la operatividad del sistema penitenciario.
La suspensión ocurre en medio de crecientes críticas por presuntas violaciones a derechos humanos, corrupción y fallas en la reinserción social. El caso Ventura no solo escaló en la conversación pública y digital, sino que se convirtió en un reto político para el gobierno estatal, que ya enfrenta una percepción negativa en materia de seguridad.
La investigación ya está en marcha. Ahora falta saber si llegará verdaderamente “hasta donde tope” o si el caso se sumará a la larga lista de crisis penitenciarias que se diluyen con el tiempo.
