Fabiola MÁRQUEZ/La justicia alcanzó a uno de los representantes más señalados del transporte público en la región, JDFTM, representante legal de empresa transportista que brinda el servicio en Tlaxcala, Puebla, Calpulalpan, fue vinculado a proceso con prisión domiciliaria por su presunta participación en la venta ilegal de concesiones, además que es acusado de una serie de actos violentos y de intimidación contra operadores de las rutas Puebla–Tlaxcala y Zacatelco–Chiautempan.
De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía General de Tlaxcala, refieren que, al hoy indiciado, cometió uso ilícito de atribuciones y facultades, pues incurrió en la venta de concesiones de transporte público, lo cual es ilegal, toda vez que la única autoridad competente para el otorgamiento de las mismas, es el Ejecutivo estatal a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte.
Además de ello, existen testimonios de las víctimas que refieren que JDFTM junto con su hermano y otro socio de la empresa, habría encabezado un patrón de agresiones sistemáticas contra permisionarios que se negaban a someterse a sus decisiones, tales como amenazas de muerte, golpes y despojo de placas vehiculares mediante el uso de armas de fuego y armas blancas.
En su momento se denunció el caso ocurrido el 19 de mayo pasado, donde un operador fue interceptado en Zacatelco y advertido de que, si denunciaba, “terminaría en el panteón”; otro incidente sucedió en Chiautempan y quedó registrado en video, lo que refuerza las denuncias de un modus operandi violento y coordinado.
La crisis dentro de esa empresa no es reciente, ya que, en los últimos meses, 87 permisionarios abandonaron la empresa y al menos 36 más han anunciado su salida, acusando corrupción, malos tratos y abandono administrativo, además que son señalados de perpetuarse en el Consejo de Administración por más de 17 años. A ello se suman los señalamientos en contra de los dirigentes por abuso de confianza y la apropiación indebida de un inmueble adquirido con recursos colectivos en la comunidad de Tizatlán.
En paralelo, los usuarios del transporte han denunciado de manera constante el pésimo servicio que ofrece la línea, ya que las unidades, especialmente en la ruta Tlaxcala–Puebla (119), circulan en malas condiciones mecánicas y carecen de mantenimiento adecuado, aunado a que son conducidas por operadores sin vocación de servicio que manejan a exceso de velocidad y en abierta violación a la normatividad estatal y federal. Esta situación no solo refleja negligencia empresarial, sino también un profundo desprecio por la seguridad y la vida de los pasajeros.
Cabe recordar que el representante transportista, ha realizado bloqueos carreteros para protestar contra lo que calificó como “hostigamiento” de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT); sin embargo, testimonios recabados revelan que la manifestación fue sostenida con prácticas de acarreo y coerción: se ofrecieron pagos de entre 200 y 500 pesos para asistir y se aplicaron multas de hasta mil pesos a quienes se negaron a participar. Entre los asistentes incluso había personas ajenas al sector transporte, provenientes del estado de Puebla.
La vinculación a proceso con prisión domiciliaria de JDFTM marca un precedente en el sector del transporte público, históricamente controlado por cacicazgos empresariales que durante años se beneficiaron de la falta de regulación y del favoritismo político. Hoy, la aplicación de la ley busca recuperar el control de las concesiones, garantizar condiciones dignas para los operadores y ofrecer un servicio seguro y de calidad para la ciudadanía.
Lo que está en juego no es solo el futuro de una empresa, sino la posibilidad de poner fin a los privilegios disfrazados de derechos adquiridos y devolver el transporte público a lo que siempre debió ser: un servicio al beneficio de la sociedad y no un negocio privado sostenido por la violencia y la corrupción.
