Por Leticia Valera González, consejera consultiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió recientemente la Opinión Consultiva No. 31 de 2025, a partir de la solicitud presentada por Argentina en enero de 2023. Esta resolución marca un precedente histórico, pues por primera vez un tribunal regional reconoce al cuidado como un derecho humano autónomo, desligado pero complementario de otros como la salud, la educación y el trabajo.
Hablar del cuidado como derecho implica reconocerlo como una necesidad universal: recibir cuidados cuando la persona no puede valerse por sí misma —como en el caso de niñas, niños, personas mayores, con discapacidad o en situación de enfermedad—; brindar cuidados en condiciones dignas que incluyan salarios justos, descanso y reconocimiento social; y ejercer el autocuidado, contando con tiempo y recursos suficientes.
Es necesario dejar atrás la idea de que el cuidado es una tarea exclusiva de las familias, y en particular de las mujeres. El cuidado debe ser concebido como un asunto público que exige la acción del Estado mediante leyes, políticas y presupuestos que garanticen su ejercicio efectivo. No se trata de actos de caridad, sino de un derecho que contribuye a la ciudadanía y al fortalecimiento democrático.
Este reconocimiento es fruto de décadas de lucha feminista que han visibilizado cómo el trabajo de cuidados, asumido mayormente por mujeres sin reconocimiento ni remuneración, perpetúa desigualdades y limita su autonomía económica y personal. Desde los años setenta, el feminismo radical señaló que no puede haber igualdad plena mientras los hombres no asuman de manera corresponsable las labores de cuidado.
La Opinión Consultiva también establece obligaciones claras para los Estados: diseñar marcos normativos, infraestructura pública y políticas bajo los principios de corresponsabilidad social y familiar, solidaridad y no discriminación. Esto involucra no solo al Estado, sino también al sector privado, la comunidad y los hogares.
En México, el proceso ha sido paulatino. Desde los noventa, con compromisos internacionales como la CEDAW y la Plataforma de Acción de Beijing, se comenzó a reconocer la corresponsabilidad en el cuidado. Un avance trascendental ocurrió en marzo de 2024, cuando el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional que reconoce el derecho al cuidado digno y la creación de un Sistema Nacional de Cuidados.
Aun así, persisten retos enormes: escasez de guarderías y centros para adultos mayores, presupuestos limitados y roles de género profundamente arraigados.
El cuidado ya no puede concebirse como un asunto privado ni femenino. Hoy más que nunca, se requiere voluntad política, inversión pública y un cambio cultural que lo reconozca como un derecho humano indispensable para garantizar la dignidad y el bienestar de todas las personas.
