En el Teatro Xicohténcatl, la audiencia para la reforma electoral organizada por la comisión presidencial dejó un mensaje claro: fortalecer, no debilitar. Bajo la dirección de Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del gobierno federal y el titular de SEGOB, Luis Antonio Ramírez Hernández, en representación del gobierno estatal; académicos, jóvenes, líderes de partidos, de OPLEs y organizaciones civiles e instituciones electorales, se expusieron durante horas un diagnóstico preciso y propuestas concretas que buscan enriquecer el debate nacional.
La conclusión unánime fue que cualquier reforma debe construir sobre los cimientos existentes, no demolerlos.
Frente a la propuesta federal de centralizar el sistema electoral, desde Tlaxcala se alzó una defensa robusta de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs). Los ponentes no solo defendieron su existencia, sino que los presentaron como la piedra angular de la democracia local.
“¿Quieren austeridad? Pues utilicen la tecnología, no desaparezcan a los OPLEs”, fue una de las consignas más repetidas.
Se destacó su labor en la implementación de acciones afirmativas y en la administración de las complejas elecciones de presidencias de comunidad, el llamado “cuarto nivel de gobierno” que caracteriza a la entidad.
Un tema recurrente fue la necesidad de consolidar las acciones afirmativas para grupos históricamente discriminados, pero con mecanismos estrictos para evitar su abuso. Diversos ponentes alertaron sobre los riesgos de la usurpación de identidad y la simulación, proponiendo un triple mecanismo de medidas preventivas, correctivas y sancionadoras.
Se estableció un paralelismo innovador: las acciones afirmativas y la representación proporcional son dos caras de la misma moneda para garantizar la voz de las minorías. Cualquier ajuste en este rubro, advirtieron, no debe sacrificar esta representación.
La voz de los jóvenes marcó la pauta de la modernización. Exigieron reducir la edad para acceder a cargos públicos y propusieron la implementación inmediata de una credencial electoral digital y la urna electrónica.
“Tenemos que entrar ya con base a la confianza y no a la desconfianza”, argumentaron, citando el caso exitoso de Jalisco. Además, llevaron la agenda ecológica al corazón del debate con una propuesta concreta: regular la propaganda electoral contaminante.
El principio de mérito fue postulado como indispensable para fortalecer la democracia. Varias intervenciones abogaron por incluir en la Constitución códigos de ética para servidores públicos. Sin embargo, la propuesta más contundente y repetida fue la eliminación del fuero.
En materia de austeridad, se pidió optimizar recursos mediante el uso de tecnología y una revisión profunda del financiamiento público a los partidos políticos, buscando acercarlos a sus bases y no al dinero.
Una intervención destacada fue la que exigió la eliminación de todas las barreras legales que impiden el voto de las personas con discapacidad, acompañada de una solicitud de sanciones para quienes no cumplan estas normativas. Se defendió con firmeza la protección de las libertades políticas y el sufragio sin discriminación.
Pese a la desconfianza manifestada por algunos participantes hacia la iniciativa federal, para Godoy Ramos el saldo de la audiencia fue propositivo. Tlaxcala no solo alertó sobre los riesgos de un retroceso, sino que entregó un mapa detallado de rutas a seguir: fortalecer los órganos autónomos, modernizar el sistema, garantizar inclusión con reglas claras y inyectar ética y austeridad en el corazón de la vida pública.
La bola queda ahora en la cancha del gobierno federal. Tlaxcala habló. ¿Será escuchada?
