• La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala emitió un posicionamiento público tras conocerse el caso de una defensora víctima de violencia simbólica y discriminación a través de redes sociales.

Mariana LOVERA// La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) condenó enérgicamente toda forma de discriminación y violencia en contra de las personas defensoras de derechos humanos, luego de que una de ellas hiciera pública su situación como víctima de actos de discriminación y afectación a su libertad de expresión mediante mensajes difundidos en redes sociales.

Los hechos salieron a la luz durante el taller “Libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos: Importancia social, limitaciones e incidencia”, impartido por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en las instalaciones de la CEDHT.

En su comunicado, la Comisión señaló que las expresiones vertidas en redes sociales contra la defensora constituyen violencia simbólica y reproducen estereotipos que afectan especialmente a las mujeres defensoras y a quienes realizan su labor desde identidades y contextos diversos.

La CEDHT recordó que, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales en la materia, toda persona tiene derecho a defender los derechos humanos, ya sea que colabore o no en una institución pública, y que el Estado debe garantizar condiciones adecuadas para ello, libres de intimidación, discriminación o represalias.

Asimismo, subrayó que la discriminación no solo daña a las personas directamente involucradas, sino que también deteriora la cohesión social, perpetúa estereotipos y fomenta la exclusión.

Como parte de sus acciones, la CEDHT impulsa programas de sensibilización, educación en derechos humanos y promoción del lenguaje incluyente, con el objetivo de erradicar estereotipos y fortalecer el pleno ejercicio de los derechos.

Finalmente, la Comisión hizo un llamado a las instituciones y a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y respeto, reafirmando que la dignidad humana es un “deber ético colectivo” y un pilar fundamental del Estado constitucional.