El exhorto aprobado por el Senado de la República para que el Gobierno de Tlaxcala implemente acciones contundentes frente a la inseguridad llega en el peor momento político para la gobernadora Lorena Cuéllar. No solo enfrenta una caída sostenida en encuestas, sino un hartazgo social que ya no se queda en los números: se escucha en la calle, se replica en redes y se instala en la conversación cotidiana.
En ese contexto, que la Cámara Alta solicite formalmente atender la percepción y los índices delictivos rompe el relato oficial que durante meses ha insistido, con cifras selectivas y discursos repetidos, en que Tlaxcala es “el estado más seguro” o que la incidencia va a la baja.
El exhorto, impulsado por la senadora tlaxcalteca Anabell Ávalos, abre una grieta institucional que exhibe la fragilidad del discurso gubernamental.
El tablero político también muestra señales de desacomodo interno. La reciente visita de Andrés López Beltrán, secretario de Organización de Morena Nacional, para reunirse con la estructura partidista sin realizar una visita de cortesía a la gobernadora, no pasó inadvertida. En política, las ausencias pesan tanto como las presencias, y ese desaire alimentó la percepción de que el respaldo nacional ya no es automático ni incondicional.
A ello se suma otro episodio incómodo: la ausencia de Cuéllar en el acto de respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, atribuida a problemas de salud y una cirugía de cuerdas vocales. La explicación se desmoronó cuando, apenas un día después, encabezó un informe de casi tres horas. La narrativa médica no resistió el escrutinio público y abrió dudas innecesarias en un momento de alta sensibilidad política.
Pero el mensaje más revelador vino desde el ámbito legislativo. Que la mayoría de Morena en el Senado permitiera avanzar un exhorto opositor en un tema tan delicado como la seguridad no es un descuido: es una señal política.
El oficialismo tenía los votos para frenar, suavizar o archivar el llamado, como ocurrió con otros temas como las blindadas. No lo hizo. Dejó pasar un posicionamiento que, en los hechos, corrige la plana al discurso estatal y reconoce implícitamente que existe un problema que requiere atención urgente. En términos futbolísticos, fue un gol en propia cancha.
La paradoja es evidente: mientras el Gobierno estatal presume control y tranquilidad, el poder legislativo federal legitima las preocupaciones ciudadanas y abre la caja de Pandora. El exhorto no solo interpela a la administración de Cuéllar; también exhibe fisuras dentro de Morena rumbo a 2027. En un partido que presume disciplina interna, permitir este golpe narrativo sugiere tensiones, reacomodos tempranos y quizá la decisión de no cargar con costos ajenos.
En suma, el exhorto del Senado parece menos un trámite y más un mensaje político de alto voltaje. Llega cuando la gobernadora atraviesa su momento más complicado, cuando la calle expresa cansancio y cuando el respaldo partidista parece condicionado. Los problemas en el paraíso ya no caben bajo la alfombra del discurso: se discuten en tribuna, se aprueban por mayoría y confirman que, en Tlaxcala, el relato oficial comienza a resquebrajarse desde dentro.
En medio de este escenario, y aun sin una respuesta formal al exhorto, Lorena Cuéllar insistió en que uno de los principales retos de su administración es modificar la percepción de inseguridad entre la población tlaxcalteca, pese a que las cifras oficiales muestran una baja en la incidencia delictiva. Reconoció que el problema no está solo en los números, sino en la comunicación.
“Vamos a seguir trabajando en eso, nos interesa mucho la percepción, porque ha bajado la inseguridad; eso debe sentirse y la gente debe tener conocimiento de que los índices en todo el país han bajado. Para nosotros es muy importante, sobre todo que los medios también nos ayuden, porque si sale una nota que no es real, la gente se va por la nota que alarma y no por lo certero”, afirmó.
Con esa declaración, Cuéllar intenta cerrar filas en torno a su narrativa. Pero el llamado del Senado ya dejó claro que, más allá de la percepción, el tema de la seguridad en Tlaxcala dejó de ser un asunto controlado desde el discurso y entró de lleno en la arena política nacional. Al tiempo.
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LA CAMINERA...¿Subordinación? El Informe Anual de Actividades del Poder Judicial de Tlaxcala dejó más que cifras: exhibió una cercanía que, para muchos, raya en subordinación frente al poder político y al partido en el gobierno.
Bajo la presidencia de Fanny Margarita Amador Montes, el acto reunió a alcaldes clave del estado y tuvo como único referente partidista visible a la dirigente de Morena, Marcela González. El lema “Unidos por una justicia más cercana a la gente” contrastó con la ausencia total de pluralidad política, reforzando la percepción de un Poder Judicial alineado al color guinda… al que solo le faltó que la presidenta se pusiera el chaleco guinda.
El argumento de comunicación para justificar la presencia de González —que asistió según como invitada de su esposo, el alcalde capitalino Alfonso Sánchez García— se desmoronó en cuanto fue presentada en el evento como dirigente estatal de Morena. Ninguna cortesía similar se tuvo con los otros diez partidos políticos, lo que evidencia la falta de sensibilidad institucional de Amador Montes y su lectura limitada del momento político.
Y eso, sin mencionar que la presidenta del Tribunal se deshizo en elogios hacia una gobernadora también morenista, completando así un cuadro que, lejos de proyectar autonomía, alimenta la percepción de un Poder Judicial que confunde independencia con alineamiento y protocolo con militancia.
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AHORA SÍ, LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS…¿Crisis? Vaya forma de cerrar el año para el gobierno de Tlaxcala: con un conflicto que amenaza con escalar más allá de lo administrativo. El caso Coeprist ya no es solo un tema de inspecciones, sino un posible detonante para que sectores empresariales, hasta ahora prudentes decidan romper el silencio, ante lo que consideran un acoso y riesgo de que pueden caer en la ruina.
Empresarios de origen chino acudieron al Congreso local denunciando lo que califican como un acoso sistemático por parte de Coeprist, Profeco y Protección Civil, con cierres reiterados, multas de hasta 300 mil pesos y contradicciones evidentes: se otorgan licencias y permisos, pero días después se clausuran los negocios. Doce establecimientos están en riesgo de cierre definitivo y más de 120 empleos directos penden de un hilo.
La denuncia va más allá de lo económico: robos durante clausuras, obstáculos en la Fiscalía y la imposibilidad de responder ante seguros agravan el panorama. El mensaje lanzado es contundente: si no hay reglas claras para trabajar, el capital se va.
Para un gobierno que presume apertura a la inversión, el episodio deja una señal preocupante. Coeprist podría convertirse en el símbolo de un cierre de sexenio marcado por escándalos, desorden institucional y la fuga silenciosa pero costosa de confianza empresarial.
