Adriana Dávila Fernández
Política y activista
Tlaxcala se acerca al proceso electoral de 2027 para renovar la gubernatura, pero el ambiente no huele a competencia democrática, sino a continuidad pactada.
La lógica de la imposición vuelve a asomarse, ahora con el impulso oficial hacia Alfonso Sánchez García, alcalde capitalino e hijo del exgobernador Alfonso Sánchez Anaya, quien pretendió dejar en el cargo, a su esposa María del Carmen Ramírez García, oriunda de Toluca, Estado de México.
La historia se repite con una puntualidad casi ritual: hasta ahora en Tlaxcala, el poder no se disputa, se hereda. Durante décadas, un reducido grupo de familias ha administrado el estado como si fuera un patrimonio privado, alternando colores partidistas sin cambiar en lo mínimo la estructura de privilegios.
Describamos sólo algunos hechos:
La gobernadora del Estado, Lorena Cuéllar Cisneros, proviene de una de las ramas que ejemplifican perfecto lo que señalo: es nieta de Crisanto Cuéllar Abaroa y de Joaquín Cisneros Molina, ambos exgobernadores del estado. Dos familias que terminaron por convertirse en una sola, acumulando tres gubernaturas y marcando la vida pública tlaxcalteca por generaciones.
Para seguir con esa “bonita costumbre”, definida como “pedigrí político” por el actual secretario de Educación Pública, Homero Meneses, la mandataria estatal prepara también el camino a su hija, Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, quien preside el Consejo Consultivo de Bienestar y Desarrollo, donde recae la coordinación de programas sociales para la entidad.
Mariano González Zarur, otro exgobernador del grupo élite del estado, también intentó colocar a su hijo, Mariano González Aguirre. Para abrirle camino, impulsó primero a Marco Antonio Mena Rodríguez, hijo de otro prominente político, Antonio Mena Montealegre, quien fuera presidente del PRI estatal y también secretario de Gobierno.
¿Lo irónico? Que el exmandatario nunca imaginó, que su sucesor prefiriera entregar el poder a la cuñada de su hermano Fabricio Mena Rodríguez, quien como premio hoy despacha como Secretario de Turismo.
No son los únicos casos, la lista es larga porque las tentaciones son muchas. El exgobernador Héctor Ortiz Ortiz, también hizo el intento con su hermano Serafín Ortiz Ortiz y son quienes mantienen el control político de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT).
En Tlaxcala, la política es un árbol genealógico cerrado, endogámico y blindado. ¿El resultado de este modelo? Un estado estancado y hoy además en retroceso. Los datos duros son contundentes, no hay un solo rubro de la política pública que refleje el interés gubernamental de construir bienestar colectivo. Inseguridad, servicios de salud deficientes y el aumento indiscriminado de la corrupción, son el sello del gobierno.
Por si eso fuera poco, estas familias han demostrado un enorme desprecio por el talento y la capacidad de los tlaxcaltecas, los espacios estratégicos del gobierno son ocupados por personajes provenientes de otros estados con trayectorias menores, producto de acuerdos con quienes son “aportadores voluntarios” al “movimiento transformador”. La situación llegó al extremo de modificar la Constitución local para permitir que un secretario de Gobierno sin arraigo en Tlaxcala pudiera ocupar el cargo.
La estrategia de estas prominentes familias es simple, evitar a toda costa que lleguen al poder otros liderazgos independientes, porque aunque entre ellos se enfrenten electoralmente, en algún momento terminarán acordando para repartirse los espacios de control que les han redituado enormes ganancias políticas y económicas.
Así, Tlaxcala se debate entre el nepotismo y el desprecio: entre quienes creen que el poder es hereditario y quienes consideran que este estado es un territorio menor, incapaz de producir liderazgos propios.
En esta vorágine de abuso y sometimiento político en el estado, el gobierno de Lorena Cuéllar ha presumido como gran logro, su lema de promoción turística: Tlaxcala si existe, frase que lejos de fortalecer identidad, ha servido para que el resto del país cuestione nuestra existencia simbólica.
Es deshonroso para una entidad que cuenta una historia monumental, definido por su significado histórico y su identidad cultural inquebrantable, que ha mostrado fortaleza y dejado una huella indeleble en la historia de México, historia que algunos han querido torcer con el estigma de la traición, y que no se ha desmontado porque sus gobernantes han preferido la tibieza, la propaganda y la mediocridad antes que la pedagogía histórica y la reivindicación cultural.
La pregunta que debió responderse nunca fue si Tlaxcala existe, la pregunta es si quienes controlan el estado y gobiernan están dispuestos a aceptar que los tlaxcaltecas pensamos, exigimos y merecemos un mejor destino.
Porque la elección que viene no es entre partidos políticos. No es Morena el enemigo a vencer, ni lo es ninguna otra sigla. El verdadero adversario es la inercia que ha mantenido al estado bajo el yugo de un mismo grupo de familias que se reparten el poder como si fuera herencia privada.
Y frente a esa inercia, surge una verdad que ya no puede ocultarse: las nuevas generaciones han sido testigos y víctimas de un pasado que no eligieron, viven un presente que no merecen y ahora se les quiere imponer también un futuro incierto. A ellas se les ha contado la historia a medias, como si no hubieran cargado con sus consecuencias. Los que culpan al pasado de todos sus males, son los mismos que llevan décadas gobernando.
Por eso para 2027, en ese choque, se juega la dignidad política de un pueblo que merece mucho más que ser administrado por apellidos o por foráneos improvisados. La disyuntiva es clara: seguir sometidos al mismo linaje político o abrir paso a un Tlaxcala donde el mérito valga más que los apellidos.
