Mariana Lovera | La presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, Elena Macías Díaz y el ciudadano Noé González Hernández presentaron dos solicitudes formales ante el Congreso de Tlaxcala para promover, por un lado, la revocación de mandato y, por otro, un juicio político en contra de cinco integrantes del ayuntamiento.
Los señalados en ambos procedimientos son los regidores Eleuterio Roldán González (Primer Regidor), Karen Guzmán Arias (Segunda Regidora), Jesús Domingo Moreno Mendoza (Tercer Regidor), Leticia Portillo Cruz (Cuarta Regidora) y Areli Badillo Guzmán (Quinta Regidora), a quienes se acusa de presuntas conductas irregulares derivadas del ejercicio de sus funciones.
Ante ello, la Mesa Directiva de la LXV Legislatura local aprobó la creación de dos comisiones especiales de diputados, una para cada expediente parlamentario: el LXV-SPPJP-004/2025 (revocación de mandato) y el LXV-SPPJP-003/2025 (juicio político).
Para el caso de la revocación de mandato —un procedimiento formalmente legislativo pero materialmente jurisdiccional—, la Comisión Especial estará encabezada por el diputado Vicente Morales Pérez, e integrada por las diputadas Soraya Noemí Bocardo Phillips y Reyna Flor Báez Lozano. En tanto, para el juicio político, la comisión será presidida por la diputada Maribel León Cruz, con las vocales Brenda Cecilia Villantes Rodríguez y Lorena Ruiz García.
Ambas comisiones tendrán un plazo de 15 días hábiles para recabar pruebas, en coadyuvancia con los promoventes, y después deberán rendir un informe a la Presidencia de la Mesa Directiva.
La Secretaría Parlamentaria confirmó que ambas denuncias fueron ratificadas —en el caso de la alcaldesa, en tiempo y forma; en el del particular, también tras los trámites correspondientes—. Una vez publicada la determinación en los estrados oficiales, los expedientes serán turnados a cada comisión especial.
El Congreso local deberá garantizar en todo momento el derecho de audiencia de los regidores denunciados, tal como lo establecen la Constitución local —en su artículo 54 fracción VII— y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. En el juicio político, el Pleno del Congreso podrá constituirse como Jurado de Acusación y Sentencia.