- UPET y Comecot sostienen que la medida cautelar constituye “una forma de censura o restricción al ejercicio periodístico”
Mariana LOVERA// En un hecho que ha generado preocupación en el gremio periodístico local, el titular del medio digital “La Bestia Política”, Edgar García Gallegos, presentó una manifestación de inconformidad ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) en contra de la medida cautelar ordenada mediante el Acuerdo ITE-CG 18/2026, que le obliga a ocultar publicaciones en redes sociales.
El documento fue respaldado institucionalmente por la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET) y el Consejo de Medios de Comunicación y Periodistas de Tlaxcala (COMECOT), cuyos dirigentes, Martín Rodríguez Hernández y Edgardo Cabrera Morales, respectivamente, quienes también entregaron al presidente del ITE, Emmanuel Ávila González, un pliego petitorio en el que expresan su “profunda preocupación y rechazo” frente a la determinación del organismo electoral.
En su escrito, las organizaciones sostienen que la medida cautelar constituye “una forma de censura o restricción al ejercicio periodístico”, ya que, en lugar de sancionar a los presuntos responsables de actos anticipados de campaña –servidores públicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (COBAT)–, el ITE ordenó al medio eliminar los contenidos informativos que documentaron los hechos.
“El periodismo no genera la irregularidad que documenta. Informar sobre una posible conducta indebida no equivale a participar en ella”, señala el documento.
Además, los quejosos destacaron que la publicación de “La Bestia Política” no era propaganda, sino un reporte noticioso con cuestionamientos explícitos hacia funcionarios públicos, lo cual está protegido por el “manto jurídico protector” del periodismo reconocido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en su Jurisprudencia 15/2018.
Por su parte, Edgar García Gallegos, en su escrito de cumplimiento de la medida (presentado el mismo 29 de abril), dejó claro que acata la orden para evitar sanciones, pero no la acepta. “El cumplimiento que se rinde […] se realiza exclusivamente para atender el mandato de esta autoridad […] sin que ello implique aceptación, consentimiento, conformidad, allanamiento o renuncia respecto a la acción legal que tengo para reclamar la legalidad, constitucionalidad o convencionalidad del Acuerdo”, manifestó.
García Gallegos argumentó que el ITE omitió aplicar un “estándar de verificación reforzada” antes de ordenar el ocultamiento de las publicaciones, y que la autoridad fue más restrictiva con el medio que informó que con los propios servidores públicos denunciados.
Al recibir el documento de manos de los dirigentes periodísticos, el presidente del ITE, Emmanuel Ávila González, aseguró que la medida cautelar no fue dictada con la intención de censurar al medio, sino para frenar “la exposición intencional de una persona” (en alusión al aspirante o servidor público involucrado).
“No lo vemos de esa manera como censurante ni atacar al medio que está haciendo uso de su ejercicio periodístico”, declaró Ávila. Sin embargo, reconoció que “se tiene que atajar esa posible intencionalidad de un servidor público”.
El funcionario también hizo un reconocimiento explícito a la labor de la prensa:
“Si no existiera esa nota periodística que subió ‘La Bestia Política’, pues el denunciante tal vez no tendría este elemento para ofrecernos y nosotros actuar en consecuencia. La labor que ustedes hacen, informativa, es benéfica […] para la propia ciudadanía, porque garantizan a través de ustedes el derecho a saber”.
Finalmente, Ávila se comprometió a analizar a detalle los cuatro puntos de la petición de los periodistas, los cuales incluyen que en futuros casos se apliquen estándares constitucionales de máxima protección a la libertad de expresión y que se distinga claramente entre la responsabilidad de los denunciados y la labor informativa de los medios.
La publicación de “La Bestia Política” documentaba presuntas expresiones de apoyo político-electoral dentro de instalaciones del COBAT, lo que derivó en un procedimiento ordinario sancionador (CQD/Q/JPCR/039/2026). Aunque el ITE declaró improcedente ordenar a los servidores públicos abstenerse de repetir la conducta (por falta de elementos), sí ordenó al medio ocultar el contenido ya difundido.
Los dirigentes de UPET y COMECOT advirtieron que este hecho podría generar un “efecto inhibitorio” sobre la prensa local, pues otros medios podrían abstenerse de denunciar irregularidades por temor a medidas cautelares.