- Una investigación del periodista Fabián Robles, publicada por el Portal Faro Tlax, revela contradicciones documentales entre lo declarado oficialmente y lo firmado en los contratos.
La comparecencia de Sergio González Hernández ante el Congreso de Tlaxcala, el 15 de febrero de 2022, dejó cifras que hoy son contradichas por los expedientes administrativos obtenidos por Robles. Mientras el entonces secretario de Gobierno aseguró a los diputados que la plataforma «Carbyne» había demandado una erogación de 8.5 millones de pesos, la firma del contrato, fechada el 13 de diciembre de 2021, certifica un gasto real de apenas 2 millones 498 mil 332.60 pesos. El caso inverso ocurrió con el software «Video Synopsis»: lo declarado en tribuna fue de 1.5 millones, pero los documentos oficiales elevan la cifra a 7 millones 363 mil 639.40 pesos, incluyendo el IVA.
Ambas adquisiciones, destinadas teóricamente al fortalecimiento del 911 y las tareas de investigación de la Procuraduría, se tramitaron bajo la figura de excepción a la licitación pública. En septiembre de 2021, Maximino Hernández Pulido, titular de la Cesesp, impulsó la compra de Carbyne —tecnología israelí para geolocalización y videollamadas en emergencias—, que terminó en manos de la empresa Global Business Solucion SAPI de CV, con sede en Monterrey. Paralelamente, el Comité de Adquisiciones, con el visto bueno de Ramiro Vivanco Chedraui y el entonces secretario de Seguridad, Alfredo Álvarez Valenzuela, aprobó en octubre de ese año la contratación de «Video Synopsis» —usado para reconocimiento facial y rastreo vehicular— mediante el proceso GET-OMG-INV-002/2021. El ganador fue Sistemas Digitales de Información SA de CV, una firma cuyo domicilio fiscal aparece registrado en un exclusivo club de golf de Puebla.
La justificación oficial para evitar la licitación pública fue la misma en ambos casos: la información se consideró táctica y clasificada, bajo el argumento de que abrir el proceso pondría en riesgo la seguridad de la sociedad. Sin embargo, esa reserva se extendió más allá de lo razonable. Aunque las propuestas técnicas se recibieron en octubre de 2021, no fue sino hasta marzo de 2022 cuando el Comité de Transparencia de la Cesesp blindó formalmente todo el expediente por cinco años, cerrando cualquier intento de revisión ciudadana sobre los montos exactos o las ofertas de la competencia.
El desfase entre el discurso oficial y la realidad contractual se suma ahora a otra anomalía que el reportero de Faro Tlax documentó: la escasa o nula utilidad operativa de estas herramientas. Solicitudes de información dirigidas a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJET), retomadas por el portal MTP Noticias, revelan que entre 2020 y enero de 2024 los sistemas apenas se documentan en dos usos concretos. De las ocho fiscalías existentes, solo cuatro respondieron los requerimientos, y en una de esas ocasiones el software fue empleado por la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro. El resto del equipamiento parece haber permanecido en el limbo administrativo.
El panorama se ensombrece aún más con el incumplimiento estatal en materia de transparencia. Tlaxcala se encuentra entre las seis entidades federativas que omiten publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia el registro de intervenciones de comunicaciones realizadas. Esta falta de datos deja sin piso cualquier intento de evaluar si el dinero público —que rondó los 9.8 millones de pesos entre ambas compras— tuvo un retorno real en materia de inteligencia o si, por el contrario, se trata de un gasto millonario sumergido en la opacidad y las cifras encontradas.
El trabajo de Fabián Robles para Faro Tlax pone al descubierto una de las discrepancias financieras más groseras en la actual administración estatal, donde los papeles firmados y las palabras dichas en tribuna simplemente no coinciden.