- El titular de la SSC aseguró que José Enrique N. fue separado de la corporación tras un procedimiento ante el Consejo de Honor; el caso fue llevado por La Bestia Política al Diálogo Circular desde el pasado 20 de julio.
“Esta persona empezó a publicar rumores, chismes, inclusive hasta de nuestra gobernadora”, manifestó el funcionario.
Mariana LOVERA | El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Alberto Martín Perea Marrufo, confirmó que el elemento José Enrique N. fue dado de baja de la corporación después de un procedimiento relacionado con publicaciones realizadas en redes sociales que, de acuerdo con la dependencia, transgredieron la Ley de Disciplina de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
El caso había sido llevado por La Bestia Política al Diálogo Circular desde el pasado 20 de julio, luego de conocerse una carpeta administrativa fechada el 18 de mayo de 2026 e iniciada por Miguel Ángel Chavarría Mejía, director de Inteligencia para la Prevención de la SSC. El expediente señalaba al entonces delegado de Policía y Tránsito por presuntamente difundir “información no fidedigna, rumores falsos, ideas y principios contrarios a la disciplina policial”, además de denigrar a la Secretaría y a sus integrantes.
En aquella ocasión, el vocero del Gobierno del Estado, Antonio Martínez Velázquez, rechazó que el procedimiento pudiera considerarse automáticamente un acto de censura y sostuvo que los policías están sujetos a reglas de conducta particulares por su función.
Este miércoles, La Bestia Política retomó directamente el tema con Perea Marrufo y le preguntó cuál era el estado de la carpeta administrativa y, particularmente, qué pueden y qué no pueden publicar los elementos de seguridad en sus cuentas personales de Facebook, TikTok, Instagram u otras plataformas.
El secretario respondió que los integrantes de las corporaciones policiacas están sujetos a una legislación disciplinaria y sostuvo que desconocerla no los exime de responsabilidad.
“Cada quien se hace responsable de sus actos. A veces uno cae en omisiones por falta de saber cuáles son las leyes que nos rigen”, expresó.
Perea Marrufo argumentó que, aunque la SSC no es una institución militar, sí está sustentada en un régimen de disciplina y subordinación.
“Los policías deben ser disciplinados, no pueden en un momento dado insubordinarse a las políticas de seguridad, no pueden insubordinarse a sus mandos”, señaló.
Sobre José Enrique N., el funcionario sostuvo que el elemento realizó publicaciones que, desde la perspectiva de la Secretaría, violaron directamente esas disposiciones e incluso aseguró que algunas hacían referencia a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.
“Esta persona empezó a publicar rumores, chismes, inclusive hasta de nuestra gobernadora”, manifestó.
Fue entonces cuando Perea Marrufo fijó una postura más amplia respecto al comportamiento de los policías en redes sociales.
“Ningún elemento de nosotros está autorizado para, en algún momento, en sus redes o en lo que se ponga, ir en contra del Gobierno”, afirmó.
El funcionario agregó que los integrantes que tengan inconformidades cuentan con mecanismos internos y deben formular sus solicitudes respetando la cadena de mando.
Respecto al caso concreto, confirmó tener conocimiento de la carpeta y aseguró que el procedimiento terminó en la separación del elemento.
Posteriormente agregó:
“Todo está perfectamente bien justificado por ley y el señor, pues, se le hizo Consejo de Honor y se le dio la baja”.
Perea también mencionó que existía otro antecedente relacionado con el examen de control y confianza del elemento y explicó que la normatividad prevé la separación de quienes no acrediten las evaluaciones correspondientes. No obstante, el punto central de su respuesta sobre la nueva carpeta administrativa fue la presunta reincidencia en conductas consideradas contrarias al régimen disciplinario.
¿Qué dice realmente la Ley de Disciplina?
La Ley de Disciplina de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala y sus Municipios fue publicada el 20 de febrero de 2025 y es aplicable tanto a integrantes de instituciones estatales como municipales de seguridad.
Una revisión realizada por La Bestia Política encontró que el artículo 11 establece que los policías deben abstenerse de difundir información no fidedigna que atente contra el honor de integrantes de las instituciones y afecte el orden y la disciplina, incluso cuando la conducta ocurra fuera de servicio.
Asimismo, el artículo 21 obliga a evitar la propagación de ideas contrarias a la disciplina, rumores o falsos testimonios que dañen la imagen y prestigio de las instituciones de seguridad o de los gobiernos estatal o municipales. La propia legislación clasifica la inobservancia de esta disposición como una falta grave.
Sin embargo, la misma legislación también reconoce expresamente un margen para la libertad de expresión de los policías. El artículo 33 señala que el personal puede expresar sus ideas siempre que no se trate de asuntos que atenten contra el orden, la disciplina o la organización institucional, o que afecten derechos de terceros.
El artículo 34, por su parte, contempla restricciones adicionales y prevé correctivos para conductas relacionadas con indisciplina o menoscabo de la reputación institucional.
Sobre el mecanismo para presentar inconformidades, Perea señaló que los policías deben recurrir progresivamente a sus superiores “hasta llegar con la gobernadora”. No obstante, el texto del artículo 25 establece específicamente que las peticiones deben respetar la cadena de mando y, ante la falta de respuesta o un agravio, pueden escalarse hasta la persona titular de la institución policial. La norma revisada no establece expresamente en ese artículo que el procedimiento deba llegar hasta la titular del Poder Ejecutivo.
Sí pueden tener redes, dice Perea.
El secretario aclaró que la SSC no prohíbe a sus elementos abrir o utilizar cuentas personales en redes sociales. Incluso puso como ejemplo que pueden compartir contenidos relacionados con actividades recreativas o expresar opiniones positivas.
“A nadie se le prohíbe tener Facebook o tener otra red social”, sostuvo.
No obstante, marcó el límite desde la óptica institucional: “Cuando es denostativo y cuando va en contra de la política pública de seguridad, ya está mal”.