Demian Márquez // La agresión contra el empresario chiautempense José Omar Lozada Pérez escaló en gravedad, luego de los hechos ocurridos el pasado 3 de noviembre en un restaurante de Puebla, la víctima permanece hospitalizada en estado crítico y bajo coma inducido, mientras su familia exige justicia y garantías de protección ante el temor de posibles represalias.
De acuerdo con los señalamientos de sus familiares, Lozada Pérez habría sido golpeado por los hermanos Juan Ángel y José María Berruecos Temoltzin, hijos del ex candidato a la presidencia municipal de Chiautempan, Eloy Berruecos.
La agresión presuntamente ocurrió en el restaurante Los Miguetes, ubicado sobre la Vía Volkswagen, a donde el empresario habría acudido tras ser convocado a una supuesta reunión de negocios.
El trasfondo del conflicto estaría relacionado presuntamente con diferencias comerciales por establecimientos de entretenimiento en la Feria de Tlaxcala.
La víctima sufrió una fractura expuesta en la pierna derecha y, debido a sus antecedentes de una lesión en esa misma extremidad, sus familiares temen que las consecuencias comprometan su movilidad e incluso la conservación de la pierna.
La familia también cuestionó la situación legal de los presuntos involucrados, pues sostiene que José María Berruecos habría sido detenido y posteriormente liberado.
Por ello, demanda a la Fiscalía de Puebla esclarecer las circunstancias de esa decisión y determinar la participación de todas las personas señaladas.
Hasta el momento, los hermanos Berruecos Temoltzin no han fijado una postura pública sobre las acusaciones. La familia del empresario pide que las investigaciones avancen sin privilegios y que las autoridades brinden protección a la víctima y a sus allegados, ante el temor de represalias.
El caso también ha generado cuestionamientos por las aspiraciones políticas de Juan Ángel Berruecos, quien ha manifestado su interés en buscar una diputación local en 2027 por Movimiento Ciudadano. Sin embargo, corresponde a las autoridades esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, sin que la posición económica, los vínculos familiares o los proyectos políticos interfieran en el proceso de justicia.