- La Secretaría de Medio Ambiente busca retener participaciones municipales mediante un convenio que contempla pagos en una sola exhibición durante noviembre; alcaldes habrían recibido el documento por WhatsApp con un ultimátum para firmarlo antes de las 11 de la mañana.
- El documento consultado contempla un pago de 121 mil 849 pesos con 29 centavos, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2026, que deberá cubrirse en una sola exhibición durante noviembre.
Mariana LOVERA// En medio de la crisis por la disposición final de residuos sólidos que enfrenta Tlaxcala, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), encabezada por Pedro Aquino Alvarado, habría emprendido una estrategia de presión contra los 60 ayuntamientos para obligarlos a suscribir un convenio que autoriza la retención directa de sus participaciones y recursos municipales por concepto del manejo de basura.
De acuerdo con información proporcionada a este medio, el documento fue enviado vía WhatsApp a los titulares de las presidencias municipales, acompañado de una advertencia: quienes no entregaran el convenio firmado antes de las 11:00 de la mañana no podrían descargar los residuos transportados por sus camiones recolectores, algunos de los cuales ya se encontraban formados en el sitio de disposición de Atlangatepec.
La exigencia habría incluido las firmas de presidentes o presidentas municipales, así como de los síndicos, quienes tienen a su cargo la representación legal de sus respectivos ayuntamientos.
La situación ha generado cuestionamientos sobre las condiciones en las que el Gobierno Estatal pretende obtener la aceptación de un instrumento jurídico que compromete recursos públicos municipales, particularmente cuando la continuidad del servicio de disposición final de basura estaría condicionada a su firma.
- Un convenio que permite descontar participaciones sin autorización adicional
La Bestia Política tuvo acceso a un convenio específico en materia de manejo integral de residuos sólidos urbanos, fechado el 10 de noviembre de 2026, que establece las condiciones financieras, administrativas y jurídicas bajo las cuales la Secretaría de Medio Ambiente prestaría temporalmente el servicio de disposición final.
En su cláusula cuarta, denominada «Autorización para retenciones», se establece expresamente que el municipio autoriza a la Secretaría de Finanzas del Estado a efectuar los descuentos correspondientes con cargo a sus participaciones o recursos.
El documento consultado contempla un pago de 121 mil 849 pesos con 29 centavos, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2026, que deberá cubrirse en una sola exhibición durante noviembre.
Aunque el convenio establece una vigencia de cinco meses, la exigencia de pago ocurre cuando restan menos de dos meses para concluir el ejercicio fiscal.
A ello se suma que, según la información recibida, existen municipios que durante todo el ejercicio fiscal 2025 cubrieron cantidades similares a las que ahora se pretende cobrarles mediante un solo descuento.
Esta circunstancia abre interrogantes sobre los criterios utilizados para determinar los montos, la proporcionalidad de los cobros y el impacto que las retenciones podrían tener sobre las finanzas de los ayuntamientos.
Si bien el documento consultado acredita las condiciones previstas para un municipio, será necesario conocer los instrumentos enviados a los demás ayuntamientos para determinar si los montos y las disposiciones son idénticos en los 60 casos.
- El Estado se deslinda de responsabilidades, pero conserva el control de los tiraderos
Otro de los aspectos que llama la atención es la distribución de responsabilidades planteada en el convenio.
La cláusula segunda establece que cualquier retraso, interrupción o deficiencia en los servicios municipales de limpia, recolección, traslado y tratamiento será responsabilidad exclusiva de los ayuntamientos, mientras que la Secretaría de Medio Ambiente se deslinda de las consecuencias derivadas de esas actividades.
Por su parte, la cláusula tercera faculta a la dependencia estatal para modificar, en cualquier momento, el sitio de disposición final al que deberán trasladarse los residuos, sin que ello genere derecho a indemnización o reclamación por parte de los municipios.
Es decir, la autoridad estatal conserva la facultad de determinar dónde deberán depositarse los residuos, mientras que los gobiernos municipales aceptan las condiciones operativas y financieras establecidas en el instrumento.
Más aún, la cláusula séptima contempla que, en caso de terminación anticipada, los municipios deberán asumir inmediatamente la gestión, manejo y disposición final de sus residuos, mientras que la Secretaría quedaría deslindada de las obligaciones que correspondan legalmente a las comunas.
- ¿Qué dice la ley sobre las responsabilidades de la Secretaría de Medio Ambiente?
La controversia también alcanza el terreno jurídico.
El artículo 58 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala establece atribuciones para la Secretaría de Medio Ambiente en materia de regulación, prevención y gestión integral de residuos.
El propio convenio reconoce, en sus consideraciones, las facultades estatales previstas en las fracciones XI y XII de dicho artículo.
Asimismo, en sus declaraciones, la dependencia reconoce expresamente que es la encargada de administrar los cuatro sitios de disposición final del estado, los cuales fueron objeto de procedimientos administrativos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) por incumplimientos a la NOM-083-SEMARNAT-2003.
Sin embargo, el instrumento enfatiza las obligaciones municipales derivadas del artículo 115 constitucional, sin desarrollar con el mismo alcance las responsabilidades que pudieran corresponder a la administración estatal por la operación de los sitios que ha tenido bajo su control.
Aunque la Constitución establece competencias municipales en materia de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final, también existen atribuciones estatales de regulación, coordinación y gestión ambiental.
Por ello, la distribución de responsabilidades y los alcances de las cláusulas de deslinde requieren una revisión jurídica, especialmente ante los antecedentes de incumplimiento ambiental reconocidos por la propia Secretaría.
- De los incumplimientos ambientales a la presión financiera
El documento también reconoce que, desde abril de 2024, la PROFEPA impuso restricciones a los sitios de disposición final de Atlangatepec, Panotla, Calpulalpan y Huamantla por incumplimientos a la normatividad ambiental.
Posteriormente, el 4 de junio de 2025, la autoridad federal notificó resoluciones que determinaron la clausura total de los cuatro sitios.
Pese a estos antecedentes, la administración estatal pretende ahora formalizar compromisos económicos con los municipios mediante convenios que, según los señalamientos recibidos, estarían siendo exigidos bajo la amenaza de impedir la descarga de sus unidades recolectoras.
La medida coloca a las administraciones municipales ante una situación delicada: aceptar las condiciones financieras y jurídicas del documento o enfrentar posibles interrupciones en la disposición final de residuos, con consecuencias directas para la población.
- ¿Coordinación institucional o imposición financiera?
El problema no se limita al cobro por la disposición final de basura, sino a las condiciones bajo las cuales se estaría obligando a los ayuntamientos a aceptar el convenio.
La exigencia de firmas en cuestión de horas, el envío de documentos mediante WhatsApp y la presunta amenaza de impedir la descarga de los camiones recolectores plantean dudas sobre la libertad de negociación de los gobiernos municipales y el respeto a sus procedimientos de autorización.
Además, la representación legal que corresponde a los síndicos y las facultades de los cabildos hacen necesario esclarecer si los convenios cuentan con las autorizaciones municipales correspondientes.
Hasta el momento, la documentación revisada no permite establecer que los 60 ayuntamientos hayan firmado los instrumentos ni que las retenciones se hayan ejecutado.
Lo que sí consta en el convenio es la autorización prevista para descontar recursos municipales en una sola exhibición durante noviembre, así como las disposiciones que delimitan las responsabilidades de la Secretaría y los ayuntamientos.