Este 8 de marzo, las calles se tiñen de morado y los discursos oficiales se llenan de promesas. Pero en Tlaxcala, la cuenta regresiva no la marcan los feminismos, sino los días, meses y años que llevan sin aparecer Karla Romero, Daniela Muñoz y tantas otras. Que la fecha no nos haga olvidar que no estamos todas, y que los casos emblemáticos de nuestra entidad sean el recordatorio incómodo de que las autoridades que presumen ser «aliadas» son, en el día a día, el primer eslabón de la indiferencia.
A veces, la distancia entre lo que se dice y lo que se hace, es la misma que separa la vida de la muerte. O la presencia de la ausencia.
Han pasado diez años. Una década. Diez años desde aquel 13 de enero de 2016 en que Karla Romero Tezmol, de apenas 11 años, salió de su casa en San Pablo del Monte rumbo a la primaria. La escuela estaba a unas cuadras. Ella, como muchos niños de su comunidad, caminaba sola. Pero nunca llegó. A unos metros de su destino, una unidad particular la privó de la libertad.
Diez años después, la pregunta es la misma: ¿dónde está Karla?
Tres gobiernos estatales han desfilado desde entonces y la respuesta sigue siendo el silencio. No por falta de evidencia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió en 2018 una recomendación donde señalaba violaciones graves al acceso a la justicia y al interés superior de la niñez. ¿Los responsables? Servidores públicos de la entonces Procuraduría, que pidieron a los padres no difundir información y activaron la Alerta Amber 22 días después de la desaparición. 22 días. Para entonces, cualquier rastro ya era frío.
El caso de Karla no es un expediente, es la prueba de que el Estado puede mirar a otro lado mientras una madre, Olga Tezmol, se convierte en buscadora. Sólo una madre que busca sabe que el dolor se vuelve rutina y la esperanza, un lujo.
Pero si el caso Karla duele por la niñez robada, el de Daniela Muñoz indigna por la simulación de justicia. Daniela, joven docente de 25 años, desapareció el 13 de septiembre de 2020 en Apizaco. Habría quedado de verse con Álvaro Daniel N., quien fue detenido en 2023 y sentenciado a 56 años de prisión. Hay un responsable en la cárcel, sí, pero nadie sabe dónde está Daniela. La Fiscalía ofreció 300 mil pesos de recompensa, pero a casi 6 años de su desaparición, la familia sigue buscando entre el olvido institucional. Porque la justicia no es completa si la víctima no aparece.
Y luego está el caso de Blanca Estela Carrera Rosas. Una joven de 26 años, originaria de Veracruz, madre de dos niños. Trabajaba en un centro nocturno llamado Bora Bora, en San Pablo del Monte. Salió de su trabajo la madrugada del 7 de junio de 2024 y nunca regresó. Su cuerpo fue hallado en una barranca de Tenancingo, semanas después .
Lo más terrible del caso Bora Bora no es sólo el feminicidio, sino el contexto. La activista Félix Pozos lo denunció con claridad: «Nadie la ha buscado. Parece que hay un código y su único crimen es haber sido trabajadora de un centro nocturno». La hermana de Blanca replicaba en redes: «Ella solo era de su trabajo a su casa». Pero para las autoridades, pareciera que hay vidas que importan menos. Que si trabajas en un bar, si eres joven y migrante, tu desaparición no merece el mismo despliegue.
El presunto responsable, identificado como René, habría sido funcionario municipal en San Pablo del Monte. El poder metido en la impunidad. La trata con fines de explotación sexual en Tlaxcala no es un mito, es una industria que el Estado tolera, y casos como el de Blanca Estela son la punta del iceberg.
Mientras tanto, el discurso oficial presume la creación de la Secretaría de las Mujeres, las salas de oralidad y el Centro de Justicia para las Mujeres. Se habla de recursos millonarios. Pero cuando una mujer llega a pedir ayuda, el aparato se desmorona.
Ahí está el caso reciente de Lupita N., una adolescente de 17 años que sobrevivió a una agresión brutal de su pareja . Con amenazas de muerte y violencia extrema, confió en el Estado y acudió al Centro de Justicia para las Mujeres. Era fin de semana. Entre guardias reducidas, burocracia y hasta celebraciones personales dentro de las oficinas, nadie la atendió. Regresó el lunes. Diez horas más de espera. Cuando parecía que avanzaba, le entregaron un oficio dirigido a un director de hospital que había dejado el cargo tres años atrás.
La diputada Miriam Martínez lo resumió con crudeza: «Mientras desde las oficinas se habla de protección a las mujeres, en los hechos una menor violentada pasa horas esperando atención, recibe documentos obsoletos y termina rebotando entre instituciones que no funcionan» .
Esa es la cara real del Estado. No la de las fotos del 8 de marzo con autoridades vestidas de morado fingiendo que todo está bien, sino la de una adolescente que sobrevive a su agresor pero no a la indiferencia institucional.
No estamos todas. No están Karla, no está Daniela, no está Blanca. Y no están porque las autoridades insisten en ser «aliadas» en el discurso, pero en los hechos muestran su cara más dura: la de la burocracia que entorpece, la de la procuración de justicia que obstaculiza, la de la revictimización constante.
Este 8 de marzo, que los casos emblemáticos de Tlaxcala no sean solo nombres en una columna. Que sean el recordatorio de que, mientras exista una madre buscando, una mujer desaparecida o una adolescente rebotando de oficina en oficina, la deuda está vigente. No queremos más discursos. Queremos justicia. Y queremos que, cuando se grite «¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!», el eco no se estrelle contra la indiferencia de quienes hoy gobiernan, se lo digo así, sin maquillaje ni retoques.
