Mariana Lovera | ¿Seguirá vigente el discurso oficialista que dice que Tlaxcala sólo es lugar de paso para la delincuencia organizada como dijo el titular de la SSC?
Hace aproximadamente un mes, el aseguramiento de vehículos presuntamente vinculados al Cártel de las Cuatro Letras en Tepeyanco encendió las alertas sobre la posible operación de grupos criminales en Tlaxcala. La respuesta del secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perea Marrufo, no se hizo esperar: la entidad no es una isla, pero los cárteles no tienen presencia permanente; sólo realizan “incursiones” aprovechando su ubicación estratégica como nodo conectado con el oriente, norte y sur del país. El mensaje fue claro: Tlaxcala es lugar de paso, no un territorio disputado ni mucho menos un espacio donde el crimen organizado haya echado raíces.
Sin embargo, los acontecimientos recientes ponen en duda la vigencia de ese relato. La filtración de una libreta decomisada en una casa de seguridad —difundida por Imagen Televisión— que detalla presuntos pagos por casi un millón de pesos a elementos de la estatal, incluyendo “40 muchachos, 2 comandantes, 38 de tropa y gasolina”, sugiere algo más que un simple tránsito. Si bien el documento no ha sido verificado oficialmente, su contenido ha provocado reacciones políticas que trascienden lo mediático y han llevado el tema a la máxima tribuna del país.
La respuesta del gobierno estatal, a través del vocero Antonio Martínez, ha sido desestimar el señalamiento reduciéndolo a una cuestión de forma: cuestiona cómo los medios tuvieron acceso a la escena del crimen y recuerda que, en todo caso, corresponde a la Fiscalía General de la República investigar. Esa postura, formalmente correcta, resulta insuficiente cuando lo que está en juego es la confianza en las instituciones de seguridad. El propio vocero respaldó el comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se deslinda categóricamente de cualquier sugerencia de pagos ilícitos, pero la sola existencia de la libreta —sin importar si es auténtica o fabricada— genera una sombra de duda que no se disipa con comunicados institucionales.
La oposición no ha dejado pasar la oportunidad para reclamar, la primera fue la panista Adriana Dávila —quien calificó la nota de Imagen como «un recordatorio de que el triunfalismo oficial deja expuestos a los ciudadanos» señalamiento al que Martinez Velázquez restó valor “Es oposición, está en su papel”, dijo a esta periodista que lee.
Pero a este posicionamiento, le siguieron otros, El PAN Tlaxcala, a través de su dirigente Ángelo Gutiérrez y de la diputada Miriam Martínez, exige una investigación profunda y transparente, no por ánimo de confrontación, sino para dar certeza ante cualquier señalamiento que ponga en duda la integridad de las corporaciones. El PRD, mediante su líder Juan Manuel Cambrón, demanda esclarecer los hechos y sancionar a los responsables si las acusaciones resultan ciertas. Pero quizá la postura más contundente ha sido la de la senadora priista Anabell Ávalos Zempoalteca, quien desde el Senado advirtió que “la negación no protege a las familias, el silencio no devuelve la tranquilidad”. Su llamado a actuar con transparencia y responsabilidad, por encima de discursos políticos, resuena con fuerza en un contexto donde la seguridad ciudadana debería ser prioridad absoluta.
El discurso oficialista se ha sostenido sobre dos pilares: la negación de una presencia permanente del crimen organizado y la minimización de cualquier evidencia incómoda, atribuyéndola a un “tema mediático”. Pero los hechos —vehículos asegurados, libretas con presuntas nóminas, capturas recientes de líderes ligados a células criminales— apuntan a que Tlaxcala podría no ser sólo un lugar de paso, sino un espacio donde las redes delictivas buscan cooptar estructuras locales. La diferencia entre “incursión” e “infiltración” es sutil, pero sus consecuencias son abismales: una incursión se repele; una infiltración corroe desde dentro y pudre todo a su paso.
Por ello, la pregunta con la que inicio esta columna no tiene una respuesta definitiva, pero sí una exigencia clara. El discurso de Perea Marrufo seguirá vigente en tanto no existan pruebas fehacientes que lo desmientan. Sin embargo, la vigencia de un relato oficial no puede basarse en la falta de investigaciones, sino en la solidez de los hechos. Si la FGR determina que la libreta es apócrifa y que no hay vínculos entre la policía estatal y el crimen organizado, el gobierno podrá reivindicar su postura. Pero si, por el contrario, se confirma la veracidad del documento, el discurso del “lugar de paso” se derrumbará, y con él, la credibilidad de quienes han optado por minimizar en lugar de actuar.
Mientras tanto, la ciudadanía tlaxcalteca merece algo más que declaraciones defensivas o posturas partidistas. Merece instituciones que no sólo estén dispuestas a colaborar con la Fiscalía, sino que exijan ser investigadas para disipar cualquier sospecha… El que nada debe, nada teme ¿no?.
Porque, como bien lo expresó la senadora Ávalos, la negación no protege a las familias. Y en materia de seguridad, la transparencia no es una concesión política, sino el único camino para recuperar la confianza.