• La iniciativa, turnada hoy a la Cámara de Diputados, plantea un nuevo modelo para elegir a los 200 diputados plurinominales y obliga a etiquetar propaganda hecha con inteligencia artificial.

Mariana LOVERA// La presidenta Claudia Sheinbaum cumplió este miércoles un compromiso de campaña al enviar a la Cámara de Diputados una ambiciosa iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que, entre otros puntos, reduce el financiamiento público a los partidos, elimina las 32 senadurías de representación proporcional y crea un sistema mixto para elegir a los 200 diputados plurinominales.

El documento, recibido por la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, propone modificar 15 artículos de la Constitución con el argumento de «fortalecer la confianza ciudadana, perfeccionar las instituciones democráticas y garantizar la austeridad republicana».

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la reducción del financiamiento público ordinario a los partidos políticos, que pasaría del 65% al 48.75% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). En la práctica, esto representa una disminución cercana al 25% en los recursos que reciben los institutos políticos.

Además, se recortan de 48 a 35 minutos diarios los tiempos en radio y televisión que el Estado pone a disposición de los partidos durante precampañas y campañas.

La propuesta más controversial es la desaparición de las 32 senadurías de representación proporcional. Con ello, el Senado pasaría de 128 a 96 integrantes, quedando integrado únicamente por 64 legisladores de mayoría relativa (dos por cada estado y la CDMX) y 32 de primera minoría (uno por cada entidad).

En la Cámara de Diputados se mantienen los 500 legisladores, pero cambia la forma de asignar los 200 plurinominales: 100 serían para los candidatos que, sin ganar su distrito, obtengan los mejores porcentajes de votación, y los otros 100 se elegirían por votación directa en cinco circunscripciones, incluyendo espacios para mexicanos residentes en el extranjero.

La iniciativa también endurece las reglas de fiscalización. Las instituciones financieras deberán reportar a diario las operaciones de partidos y candidatos, y se prohíben las aportaciones en efectivo. Todo financiamiento privado deberá realizarse mediante transferencia electrónica o instrumentos nominativos y no será deducible de impuestos.

En un apartado novedoso, se obliga a etiquetar cualquier contenido electoral modificado o generado con inteligencia artificial, y se faculta a las plataformas digitales y concesionarios para identificar y advertir sobre material no etiquetado.

Se añaden figuras de participación ciudadana como plebiscitos y referéndums a nivel municipal, cuyos resultados serán vinculantes si participa al menos el 40% de la lista nominal. Los funcionarios públicos podrán promover estos ejercicios siempre que lo hagan con imparcialidad.

El Ejecutivo federal fijó como fecha límite el 15 de mayo de 2026 para que el Congreso y las legislaturas locales aprueben las leyes secundarias. De no hacerlo, las disposiciones constitucionales serán de aplicación directa.

Se espera que la iniciativa genere un intenso debate en el Congreso, donde las bancadas de oposición ya han manifestado su rechazo a la eliminación de las senadurías plurinominales, al considerar que atenta contra la pluralidad y la representación de minorías.

Por su parte, los 49 diputados del PT acordaron rechazar en bloque la iniciativa de reforma electoral en comisiones y en el pleno, explicaron integrantes de la bancada después de una reunión a puerta cerrada.

Además, pactó con el PVEM, el otro aliado electoral de Morena, no respaldar el proyecto, en una decisión que llevó al coordinador del guinda, Ricardo Monreal Ávila, a pedir “reflexionar su voto”.

El Instituto Nacional Electoral (INE) deberá adecuar su normatividad interna en el mismo plazo, incluyendo los lineamientos para garantizar el voto de los mexicanos en el extranjero en las elecciones de 2027.

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