Demian Márquez | Productores del campo de Nanacamilpa regresaron a manifestarse frente al Palacio de Gobierno para exigir atención a sus demandas y rechazar la versión oficial sobre el operativo que derivó en el desalojo del bloqueo carretero en la carretera federal en dicho municipio.
Los inconformes insistieron en que sí hubo uso excesivo de la fuerza por parte de elementos estatales, en contraste con lo declarado esta mañana por el secretario de Seguridad, Alberto Perea Marrufo durante los diálogos circulares.
Durante el posicionamiento, los campesinos aseguraron que el operativo dejó personas lesionadas, incluso señalaron que al menos uno de los afectados continúa hospitalizado.
También afirmaron que hubo detenciones, además de presentar públicamente a un par de los manifestantes con visibles huellas de golpes, como evidencia de lo que calificaron como una intervención desmedida.
Las denuncias no se limitaron a los hombres, también mujeres integrantes del movimiento acusaron haber sido agredidas por policías, lo que, dijeron, generó temor durante la intervención.
En ese sentido, reiteraron que su movilización tenía un carácter pacífico y que su intención siempre ha sido abrir canales de diálogo para mejorar las condiciones del campo, particularmente en temas como el precio del maíz y apoyos para insumos como el combustible.
Los manifestantes cuestionaron que, en lugar de respuestas, la reacción institucional haya sido el uso de la fuerza, lo que consideraron, contradice el discurso de cercanía con la población.
También expresaron descontento por lo que perciben como falta de atención a sus demandas, pese a haber solicitado previamente una audiencia con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.
Aunque señalaron que mantienen la disposición al diálogo, los campesinos pidieron garantías para evitar represalias contra quienes integran el movimiento.
En ese contexto, entregaron nuevamente un oficio para solicitar una reunión con la mandataria estatal, ante la incertidumbre de si se mantendrá la audiencia previamente programada.
Finalmente, el malestar escaló a exigencias más contundentes por parte de algunos participantes, quienes plantearon la posible destitución de diversas autoridades estatales, entre ellas la gobernadora Lorena Cuéllar, el propio titular de Seguridad Alberto Perea, el coordinador de Comunicación, Antonio Martínez Velázquez, así como el secretario de gobierno Luis Antonio Ramírez, y la secretaria de Impulso Agropecuario Gisela Lucero Zepeda en caso de no obtener soluciones a corto plazo.