Por Mariana LOVERA
Hay funcionarios que cuando son cuestionados responden con cifras.
Otros responden con resultados.
Y hay quienes, cuando los datos comienzan a incomodar, prefieren responder con descalificaciones.
Eso último parece haberle ocurrido al secretario de Desarrollo Económico de Tlaxcala, el poblano Javier Marroquín Calderón, frente a la diputada panista Miriam Martínez Sánchez.
La discusión pudo ser estrictamente política y legislativa.
Miriam Martínez puso sobre la mesa dos asuntos incómodos para el titular de la Sedeco: primero cuestionó los resultados de la política económica estatal a partir de los datos de ocupación en Tlaxcala; después planteó reformar la Constitución local para establecer requisitos de residencia efectiva y experiencia para quienes encabecen áreas estratégicas como Gobierno, Seguridad Ciudadana, Finanzas y Desarrollo Económico.
Marroquín tenía todo el derecho de estar en desacuerdo.
Podía desmontar la iniciativa punto por punto.
Podía explicar por qué considera innecesario exigir cinco años de residencia.
Podía presentar resultados de su dependencia.
Podía debatir.
Pero eligió otro camino.
“El tema legislativo no le gira bien a la diputada”, dijo.
Y después remató:
“Que sea diputada tres años, no sólo en tiempos electorales”.
Ahí cambió la discusión.
Porque ya no estaba cuestionando únicamente una iniciativa.
Estaba descalificando a quien la presentó.
Y no es un detalle menor que quien recibió esa descalificación sea una mujer que ejerce un cargo de representación popular y que estaba cuestionando públicamente el desempeño de un integrante del gabinete estatal.
La diputada respondió señalando que una iniciativa puede ser rechazada, debatida o incluso desechada, pero debe discutirse con argumentos y no mediante prejuicios o ataques personales. También calificó las expresiones como machistas y sostuvo que no se victimizaría ni abandonaría su propuesta.
La controversia creció.
El colectivo Mujeres en Consenso consideró que las expresiones buscaban minimizar y ridiculizar a la legisladora y acusó al funcionario de violencia política en razón de género. Incluso pidió al Gobierno del Estado actuar frente al caso.
Será una autoridad competente, en caso de que exista una denuncia y procedimiento formal, la que determine jurídicamente si las expresiones constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género.
Pero políticamente hay algo que sí puede discutirse desde ahora:
¿Por qué un secretario de Estado necesita entrar al terreno de la descalificación personal para responderle a una diputada?
El problema no comenzó con Miriam
Y aquí aparece un elemento que vuelve más interesante el episodio.
No es la primera ocasión en que Javier Marroquín convierte una respuesta pública en polémica.
Hace apenas unas semanas, el secretario sostuvo que había hecho más por Tlaxcala que muchos tlaxcaltecas que “se dan golpes de pecho”.
La declaración provocó críticas al grado de que posteriormente tuvo que ofrecer disculpas a quienes se sintieron ofendidos. Marroquín aseguró entonces que no pretendía menospreciar a los tlaxcaltecas y afirmó sentirse incluso “más tlaxcalteca que poblano” por los años que lleva viviendo y trabajando en la entidad.
Una declaración desafortunada puede ser un error.
Dos comienzan a mostrar una forma de comunicar.
Porque existe un patrón que merece atención: cuando Marroquín se siente cuestionado, el debate fácilmente deja el terreno institucional para convertirse en una defensa personal.
Primero fueron aquellos tlaxcaltecas que, según su expresión, se “dan golpes de pecho”.
Ahora fue una diputada a la que supuestamente “no le gira” bien el tema legislativo.
Y justamente ahí está el problema.
Un secretario no está obligado a simpatizar con Miriam Martínez.
Tampoco tiene que aceptar sus iniciativas.
Mucho menos coincidir con el PAN.
Pero sí debería entender que rendir cuentas y recibir cuestionamientos forman parte del cargo.
Miriam Martínez puede tener motivaciones políticas.
Puede estar construyendo una plataforma rumbo a 2027.
Todo eso es debatible.
Lo que resulta bastante más difícil de justificar es que la respuesta institucional sea insinuar que a una legisladora “no le gira” el tema legislativo.
Porque entonces aparece inevitablemente otra pregunta:
¿Marroquín habría utilizado exactamente las mismas palabras frente a un diputado hombre que cuestionara sus resultados?
Esa pregunta explica buena parte de la controversia.
El Gobierno marcó distancia.
Incluso el propio Gobierno del Estado pareció entender que el asunto había rebasado una simple discusión política.
Antonio Martínez Velázquez, coordinador de Comunicación del Gobierno estatal, señaló que será Javier Marroquín quien deberá hacerse responsable de sus expresiones y de las consecuencias que eventualmente pudieran derivarse si se inicia un procedimiento formal por violencia política en razón de género.
Además, habló de un llamado a integrantes del gabinete para cuidar que sus expresiones se mantengan dentro del respeto a los derechos humanos.
Traducido al lenguaje político: Palacio de Gobierno no salió corriendo a justificar al secretario.
Y eso dice bastante.
La pregunta que sigue sin responderse
Pero detrás de toda esta tormenta hay algo que corre el riesgo de perderse.
La discusión comenzó por los resultados.
Miriam Martínez había cuestionado la situación laboral de Tlaxcala citando datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. De acuerdo con las cifras utilizadas en el debate, la población ocupada pasó de alrededor de 687 mil personas durante el segundo trimestre de 2025 a aproximadamente 671 mil en el mismo periodo de 2026.
Podemos discutir si políticamente es correcto llamar a esa diferencia “16 mil empleos perdidos”, porque población ocupada y empleo formal no son exactamente lo mismo.
Pero la pregunta de fondo sigue viva:
¿Qué está haciendo la Secretaría de Desarrollo Económico ante ese escenario?
¿Cuántos empleos formales nuevos se han generado?
¿Cuántas inversiones aterrizaron?
¿Cuánto empleo de calidad produjeron?
¿Cuántas empresas llegaron?
¿Cuántas cerraron?
¿Cuál es la estrategia?
Esas preguntas no desaparecen porque Miriam Martínez sea panista.
Tampoco desaparecen porque estemos acercándonos a 2027.
Y mucho menos desaparecen diciendo que a una diputada “no le gira” bien el tema legislativo.
El costo de la » típica soberbia poblana».
Tal vez Javier Marroquín debería recordar algo elemental.
Los funcionarios públicos no son dueños de las dependencias que encabezan.
Son empleados temporales del Estado.
Y cuando un diputado, un periodista, un empresario o cualquier ciudadano pregunta por sus resultados, contestar no es una concesión.
Es parte del trabajo.
El secretario puede defender con firmeza su gestión.
Puede confrontar datos.
Puede exhibir contradicciones de sus adversarios.
Puede hacer política.
Lo que no debería hacer es confundir firmeza con descalificación.
Porque además terminó regalándole a Miriam Martínez algo que probablemente ningún estratega habría podido construir con tanta facilidad: la oportunidad de presentarse como una mujer que cuestionó al poder, recibió una descalificación y decidió mantenerse firme.
“No me victimizo ni mucho menos me rajo”, respondió la legisladora.
Para alguien que ha construido parte de su narrativa política alrededor de la frase “Aquí Nadie Se Raja”, difícilmente podía recibir un escenario más conveniente.
Marroquín quiso responderle.
Terminó dándole reflector.
Quiso desacreditar su capacidad legislativa.
Terminó desplazando la discusión hacia el trato que reciben las mujeres que cuestionan al poder.
Y quiso defender su lugar dentro del Gobierno de Tlaxcala.
Terminó reviviendo precisamente la discusión sobre los funcionarios foráneos que la iniciativa de Miriam Martínez pretende colocar en el centro del debate.
Ironías de la política.
Porque quizá el secretario tenía argumentos suficientes para defenderse.
El problema fue que, esta vez, decidió no utilizarlos.
Y cuando a los argumentos no les gira…
aparece la descalificación.
Se lo digo así, sin maquillaje ni retoques.