- El vocero del Gobierno de Tlaxcala aseguró que el titular de Sedeco deberá hacerse responsable de sus expresiones y de las consecuencias que pudieran derivarse si se inicia un procedimiento por violencia política en razón de género.
Mariana LOVERA | El secretario de Desarrollo Económico de Tlaxcala, Javier Marroquín Calderón, será quien deba responder por las expresiones realizadas contra la diputada local del PAN, Miriam Martínez Sánchez, y asumir lo que legalmente pudiera corresponder en caso de que se presente una denuncia formal por posible violencia política en razón de género.
Así lo señaló Antonio Martínez Velázquez, coordinador de Comunicación del Gobierno del Estado, durante el Diálogo Circular, luego de ser cuestionado por La Bestia Política sobre el posicionamiento emitido por la organización Mujeres en Consenso, que pidió al Ejecutivo estatal reconocer y sancionar los comentarios del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico.
“Será el secretario Marroquín quien se haga cargo de estos dichos y de lo que podría corresponder si es que se hace algún proceso formal por violencia política en razón de género. Será el propio secretario el que se haga responsable de ello”, expresó Martínez Velázquez.
El pronunciamiento surge después de que Marroquín Calderón cuestionara públicamente a Miriam Martínez por la iniciativa con la que la legisladora busca establecer requisitos de arraigo para quienes encabecen determinadas Secretarías del Gobierno estatal.
Entre sus expresiones, el funcionario aseguró que “el tema legislativo no le gira bien a la diputada” y también manifestó que debería “ser diputada tres años, no sólo en tiempos electorales”, comentarios que generaron críticas y provocaron el posicionamiento de Mujeres en Consenso.
La organización señaló que las expresiones utilizadas por el funcionario buscaban desacreditar, minimizar y ridiculizar a Martínez Sánchez en el ejercicio de su cargo y sostuvo que podrían constituir violencia política en razón de género al recurrir, desde su perspectiva, a la infantilización y descalificación de la legisladora.
Gobierno escucha el reclamo, pero no determinará si hubo violencia.
Antonio Martínez sostuvo que el Gobierno del Estado atenderá y escuchará el posicionamiento de Mujeres en Consenso; sin embargo, aclaró que no corresponde al Ejecutivo determinar si las declaraciones de Marroquín Calderón configuran o no violencia política en razón de género.
“Nosotros, como Gobierno del Estado, lo que decimos es: las escuchamos, atendemos este llamado, pero ese tipo de expresiones, si es que configuran o no configuran violencia política en razón de género, pues no seremos nosotros quienes lo determinemos, no somos esa entidad”, explicó.
En ese sentido, dejó abierta la posibilidad de que sean las instancias competentes las que analicen el caso en caso de existir una denuncia o procedimiento formal.
El coordinador de Comunicación agregó que la administración estatal toma en consideración el señalamiento realizado por la organización y aseguró que existe un llamado para que los integrantes del gabinete cuiden la forma en la que se expresan públicamente.
“Hacemos sobre todo el llamado a los titulares del gabinete de nivel empleado para que siempre se conduzcan en el marco de expresiones que vayan de acuerdo a los derechos humanos de las personas”, sostuvo.
Mujeres en Consenso exige actuación del Gobierno.
El señalamiento contra Marroquín escaló luego de que Mujeres en Consenso hiciera público su rechazo a las declaraciones contra la diputada panista y exigiera al Gobierno del Estado actuar frente a lo que calificó como expresiones de violencia política en razón de género.
El colectivo consideró que las diferencias políticas o legislativas pueden debatirse, pero cuestionó que un funcionario público recurra a expresiones dirigidas a desacreditar personalmente a una legisladora.
La controversia tiene como origen la propuesta impulsada por Miriam Martínez para reformar la Constitución local y establecer requisitos de residencia y experiencia para quienes aspiren a encabezar Secretarías estratégicas del Gobierno de Tlaxcala.
Marroquín, quien es originario de Puebla, rechazó públicamente el planteamiento y afirmó que ya cumple con el periodo de residencia señalado en la propuesta, pero además dirigió críticas al desempeño legislativo de la diputada.