25 Abril, 2022
(Fabián Robles) Este lunes se cumplen 15 días del asesinato a mansalva de Marco Antonio, un hombre joven que, justo en el primer día en su nuevo empleo, perdió la vida a manos de un delincuente y sus cómplices, pero también por la negligencia e irresponsabilidad de una empresa que, por si fuera poco, ha dejado a su suerte a los deudos.
Caía la noche del pasado 11 de abril cuando una quinteta armada asaltó un negocio de aditamentos para teléfonos celulares, dentro del centro comercial Gran Patio en San Pablo Apetatitlán.
Al huir con el botín, los delincuentes se percataron que eran perseguidos a pie por ese hombre de 36 años de edad y otros de sus compañeros. Uno de los hampones no dudó en sacar su arma de fuego y dispararle a Marco Antonio.
Desprovisto de chaleco antibalas y armamento, el joven originario de Tlatempan intentó en vano cumplir con su trabajo y detener a los malhechores: una bala a la altura del cuello le cegó la vida ahí, en pleno estacionamiento del populoso centro comercial donde dicen que trabajó muchos días de franelero, antes de conseguir empleo como guardia de seguridad privada.
Cubierta por el manto de la impunidad, la quinteta de asaltantes huyó sin obstáculo alguno del Gran Patio. Nadie sabe qué rumbo tomaron. De nada sirvió que en las inmediaciones esté asentado un destacamento de la policía. Nada se sabe de ellos, aunque la Procuraduría hace como que investiga.
Después de los hechos, trascendió que la empresa de seguridad privada se haría cargo de los gastos del funeral y de pagar la indemnización correspondiente a los deudos. Incluso, el día del velorio, representantes de Simose acudieron y entregaron a la familia cinco mil pesos, sólo eso…aunque prometieron dar más.
Hasta ahora no han cumplido, e incluso se sabe que los directivos han puesto muchas trabas para pagar la indemnización que por ley corresponde. Uno de los pretextos es que, supuestamente, porque apenas era su primer día laboral, Marco Antonio no había firmado el contrato respectivo, y así no pueden pagar.
Cuesta trabajo creer esa versión, pero sobre todo la indolencia de los dueños de un negocio con el que lucran bastante bien sin importarles el riesgo que corran sus propios empleados y también los consumidores que suelen acudir al Gran Patio.
También resulta inverosímil e inadmisible saber que Simose no dota del equipo y herramientas necesarias a su personal para que cumpla con tan delicada labor, pero todavía genera mayor incredulidad que los dueños de ese centro comercial se nieguen a que en las labores de vigilancia coadyuven policías estatales y municipales.
Su principal argumento es que la contratación de Simose es más que suficiente para garantizar la seguridad de clientes y comerciantes. Los hechos demuestran una realidad inobjetable, cuanto más preocupante por la cantidad de gente que a diario llega a ese lugar para hacer sus compras o trabajar.
Por esa permisividad, todo ese conglomerado está expuesto de manera permanente a ser víctima de la delincuencia o de algún evento natural o causado por la mano del hombre, sin que exista la mínima posibilidad de estar a salvo. Los constantes robos de autopartes son un ejemplo de esa situación anómala, pero nadie se hace responsable.
Pero desgracias como la muerte de Marco Antonio invariablemente dejan al descubierto graves y preocupantes problemas de corrupción. Sólo así se puede entender que Simose opere sin los permisos necesarios, al margen de la ley, sin que autoridad alguna tenga la osadía de fincarles responsabilidades por sus omisiones y violaciones al marco jurídico al que todos estamos sometidos, se supone.
Simose, una empresa de seguridad privada que en realidad vende espejitos, utiliza supuestos permisos federales sin vigencia alguna, ya caducos desde hace algunos años.
La licencia de la Sedena que presume en su página web para justificar el uso colectivo de armamento fue revalidada con una vigencia del 2 de octubre del 2016 al 2 de octubre del 2018.
El permiso de la Secretaría de Gobernación que exhibe para prestar sus servicios “en todo el territorio nacional”, fue refrendado para el periodo del 6 de marzo de 2016 al 6 de marzo del 2017.
En sus redes sociales acumula comentarios de extrabajadores de distintos estados, quienes dan cuenta de las precarias condiciones laborales en que deben cumplir con sus actividades, además de constantes retrasos en el pago de salarios, el cobro de uniformes y hasta retención indebida de documentos personales.
¿Quién está detrás de esa empresa? ¿A cuántos negocios más le presta sus servicios?
Pero todo eso es insuficiente para que las autoridades competentes hagan algo en contra de Simose, pero también de los dueños del centro comercial porque no es posible que estos últimos sean incapaces e irresponsables en no brindar las condiciones mínimas de seguridad en ese espacio.
Suponiendo sin conceder que Simose pague la indemnización que corresponde a los deudos de Marco Antonio, de cualquier forma en este caso prevalecerá la impunidad porque no hay detenidos ni por el asalto al negocio referido ni por el homicidio de ese hombre.
Aun si el responsable de ese homicidio fuese detenido y condenado, el tufo de impunidad e inmunidad va a pervivir mientras Simose no sea sancionada de manera ejemplar –cancelarle para siempre la oportunidad de seguir brindando sus servicios en el estado sería lo mínimo- y los dueños de Gran Patio se nieguen a recibir apoyo de las corporaciones policiacas.
Varias personas indignadas por este caso me han comentado su intención de emprender un boicot en contra de ese centro comercial, hasta en tanto garanticen la seguridad de todos los que suelen asistir ahí.
La idea no es descabellada, sobre todo si se toma en cuenta que la seguridad y la vida de comerciantes y dueños de negocios en el Gran Patio, no vale nada. Está visto y no es una exageración. El riesgo es latente y nadie quiere verlo.
Así como a Marco Antonio le tocó la muerte solo por cumplir con su trabajo, una bala perdida le pudo dar a alguien más o a muchos más.
Lamentablemente, dudo que haya sanción alguna para los dueños y directivos de Simose y Gran Patio.
Está demostrado que, pase lo que pase, tienen licencia para seguir llenando sus bolsillos de cantidades millonarias que son intocables para pagar indemnizaciones, o para cumplir con su obligación de brindar seguridad a multitudes. Duele decirlo, insisto: para ellos…la vida no vale nada, acaso cantaría José Alfredo.
