A mi querido pueblo de México
Hoy 1 de octubre de 2020 se define lo ya establecido en el sistema jurídico mexicano; y si, no estoy siendo tautológico, este día, el Poder Judicial de la Federación equilibrará la balanza respecto a la ocurrencia presidencial de realizar una consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes mexicanos (como si la aplicación de la Constitución y las leyes, fuera optativo).
Analicemos el contexto de la situación: Ayer miércoles 30 de septiembre el presidente López Obrador antes de finalizar su expresión de ideas personales por la mañana, amagó con presentar al Poder Legislativo Federal una propuesta de reforma al artículo 35 de la Constitución General de la República, si el Poder Judicial no se pronunciaba a favor de la realización de la dichosa consulta.
En el entorno de los rumores que circundan al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, ya se sabe que existe un proyecto de resolución que determinaría la inconstitucionalidad de la consulta por ser tendenciosa, en el sentido de que presenta como culpables a los expresidentes antes de siquiera realizarse el juicio a cada uno de los potenciales procesados, lo que atenta contra el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 20 constitucional, una tremenda barbaridad en el contexto procesal penal.
Lamentablemente cuando los caminos de la politiquería se cruzan con la teoría jurídica, los actores de aquella creen que pueden hacer y deshacer el sistema de normas jurídicas. Lamentablemente esto ha ocurrido en un sinnúmero de ocasiones, es por eso que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra tan “adaptada”; es un Frankenstein que ha sido adecuado a la perspectiva presidencial y a su vez, ha incidido en el actuar del Congreso de la Unión que ha modificado infinidad de veces el sistema de leyes. Con esto no queremos decir que las leyes no tengan que ser actualizadas, sino que toda modificación debe seguir el interés público y estar plenamente justificada conforme a derecho, y no siguiendo perspectivas personales o los caprichos de quienes detentan el poder.
Bajo estos elementos, tenemos que externar que el tema de la consulta ciudadana no es mas que un show político orquestado en Palacio Nacional para seguir avivando el discurso presidencial que ha sido muy redituable: la lucha contra la corrupción; decimos avivarlo porque tarde o temprano los efectos negativos de la realidad pandémica nos alcanzarán y llegará el momento en que hablar de la lucha contra la corrupción sea tan irrelevante como una bebida caliente en medio del desierto.
En todo este conglomerado, López Obrador quiere continuar su agenda política, haciendo a un lado la realidad social y económica que cada día arroja más desempleo, más cierres de micro y pequeñas empresas y generando con ello más incertidumbre en la población.
De la necesidad de impartición de justicia a las víctimas del crimen organizado ya mejor ni hablamos. Para el presidente, no es importante la búsqueda de la justicia en esta esfera, solo importa aquello que es redituable políticamente y que le permitirá seguir hablando de su imagen, aquella que trata de resumir en sí mismo la lucha contra la corrupción, una lucha necesaria pero que promete quedarse alejada de la mente de la clase media y baja, en cuanto los efectos negativos de la pandemia estén al alcance la mano.
Definir lo ya definido, así es la política de López Obrador ¿para qué hacer un show de algo que ya se encuentra establecido en las leyes? Es decir, no es necesario que se forme un espectáculo mediático si solo basta con formalizar una denuncia ante la Fiscalía General de la República por los delitos que pudieran ser atribuibles a cada uno de los expresidentes. Así de sencillo es. Pero no, lo importante de este tema es distorsionar y adecuar el contexto a su política y envolver a aquellos que no quieran analizar la situación y quedarse con sus palabras ¿En verdad es esto digno de la situación que vive todos los días nuestro país ante los crímenes cometidos? Si fuera auténtica su demanda de justicia, el presidente debería atender a los que sufren el asesinato de un ser querido a manos de la delincuencia, debería voltear su mirada a las familias de todos los desaparecidos que existen en México, debería profesionalizar todas las fiscalías estatales y vigilar a sus elementos. Eso si cambiaría la conciencia social de la justicia en México, pero, aunque parezca irónico, no es importante para el presidente.
Nuestro país está cambiando y cada día que pasa, las instituciones que han costado dinero y vidas empiezan a defenderse por sí mismas ante el embate de la mítica figura presidencial, tan solo un engrane de muchos en esta maquinaria llamada México. Este día, la Suprema Corte de Justicia ejercerá su contrapeso y limitará el deseo del presidente, quien ha recomendado al máximo tribunal, que olvide el derecho y que haga caso a sus sentimientos. Mientras tanto, el pueblo de México sigue exigiendo justicia para todas y todos.
