Recientemente, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, ha generado una intensa polémica al reaccionar de manera airada a la cobertura mediática de un violento enfrentamiento entre delincuentes y un militar, capturado en video y ampliamente difundido. Sus declaraciones, en las que desestimó la importancia de los hechos y calificó a los medios de comunicación de «amarillistas», han sido interpretadas por muchos como una señal de desconexión con la realidad del estado.
«No lean los medios informativos, malintencionados, que lo único que quieren es meter miedo, fueron las palabras textuales de Cuéllar, que provocaron una rápida respuesta no solo en los medios locales sino también en la prensa nacional.
La reacción de la activista social Eréndira Jiménez Montiel no se hizo esperar, resaltando irónicamente la seguridad en Tlaxcala y contrastándola con la percepción de la población. «Qué alivio vivir en el estado más seguro del país. Mientras en otros lugares las alarmas suenan por todos lados, en Tlaxcala podemos dormir con las puertas abiertas… no lean los medios informativos, malintencionados, que lo único que quieren es «meter miedo» ¡Fuchi! (Ironía), expresó, al tiempo que compartió la cápsula critica de Ciro Gómez Leyva.
La respuesta de la gobernadora, lejos de apaciguar la situación, ha avivado el debate sobre la seguridad en Tlaxcala. Personalidades influyentes en los medios, como Ciro Gómez Leyva, se han sumado al análisis de las declaraciones, cuestionando la veracidad y la desconexión de Cuéllar con la realidad que viven los tlaxcaltecas. La cobertura mediática no se ha limitado a informar sobre el incidente, sino que ha puesto bajo escrutinio la capacidad del gobierno estatal para manejar la seguridad y la comunicación en situaciones de crisis.
En el terreno político, las reacciones no se han hecho esperar. Aunque aún faltan pronunciamientos oficiales de la «oposición» como el PAN-PRI-PRD y MC, y de miembros de su propio partido, es evidente que las declaraciones de la gobernadora han abierto una nueva brecha en el ya polarizado escenario político tlaxcalteca. Las críticas se centran no solo en la falta de sensibilidad ante la violencia, sino también en la aparente ineficacia de su equipo de comunicación y de la Secretaría de Gobierno (SEGOB) para gestionar la percepción pública.
El episodio pone de manifiesto un problema recurrente en la administración de Cuéllar: la falta de una estrategia efectiva de manejo de crisis y de comunicación. A pesar de sus esfuerzos por proyectar a Tlaxcala como uno de los estados más seguros del país, la percepción pública, alimentada por incidentes como el de la balacera, muestra un panorama diferente. Es evidente que debe reconsiderar su equipo y su enfoque si desea mejorar la relación con la prensa y, sobre todo, con los ciudadanos.
Antes de descalificar la labor de los medios de comunicación, haría bien en realizar un análisis crítico de su equipo y su estrategia de comunicación. En lugar de repetir los mismos errores, es hora de que la administración local tome decisiones que realmente reflejen las necesidades y preocupaciones de la población. Como bien dice el dicho: «Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo». Es momento de un cambio en Tlaxcala, comenzando por cómo se aborda la realidad desde el gobierno.
En su intento por minimizar la gravedad de un incidente de seguridad, ha terminado enfrentándose a una crítica intensa por parte de los medios y la opinión pública, subrayando la necesidad de una estrategia de comunicación y política más sólida y consciente de las realidades del estado.
Un dato para el apunte: La balacera en Totolac, donde vecinos estuvieron bajo el acecho de las balas fue el pasado 24 de julio, y dos semanas después salió a la luz pública el video del enfrentamiento, lo que hace pensar que a eso se refería la mandataria local sobre que «pasó hace mucho tiempo». Pues 15 días no es mucho tiempo, pero como es costumbre, la inoperancia de una narrativa comunicativa se hizo presente otra vez.
De hecho, precisamente debería preocuparle que pase tanto tiempo sin dar una respuesta certera a los ciudadanos, no sólo en cuanto al estatus legal de quienes evidentemente infringieron la ley, sino de la ineficacia de las corporaciones de seguridad para implementar las acciones previstas en el protocolo de actuación… ¿Sabemos ahora si existe una carpeta de investigación abierta?, ¿por cuáles delitos?… bueno, se habrá integrado adecuadamente?… en fin, hay muchas interrogantes y sí, en ese sentido, sí ha pasado mucho tiempo sin tener información fidedigna, veraz y oportuna.
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LA CAMINERA….Una mancha más al tigre…El violento atraco al restaurante «Vintage» en Tlaxcala, a escasos metros de la Casa de Gobierno, pone en evidencia una preocupante desconexión entre el discurso oficial y la realidad que viven los ciudadanos. Las autoridades han insistido en que Tlaxcala es uno de los estados más seguros del país, respaldado por una avanzada tecnología en el C5i, el centro de control y monitoreo estatal. Sin embargo, este incidente subraya que la seguridad no se garantiza solo con infraestructura tecnológica o declaraciones públicas.
La cercanía del atraco con la sede donde duerme el Poder Ejecutivo local revela fallos críticos en la implementación y efectividad de las medidas de seguridad. Si un acto delictivo tan grave puede ocurrir en una zona que debería estar bajo vigilancia constante, ¿qué pueden esperan los ciudadanos en áreas menos protegidas? La brecha entre la percepción pública y la narrativa gubernamental se amplía con cada incidente como este, erosionando la confianza en las autoridades y sus promesas de seguridad.
Este suceso es una clara señal de que la tecnología, por avanzada que sea, no puede sustituir una estrategia integral de seguridad que involucre una respuesta rápida, presencia policial efectiva, y una verdadera comprensión de las amenazas que enfrenta la población. Las autoridades deben reevaluar sus prioridades y enfocarse en acciones concretas que realmente reflejen un compromiso con la protección y bienestar de los ciudadanos.
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AHORA SÍ, LA ULTIMA Y NOS VAMOS...No hagas cosas buenas, que parezcan malas…El caso de YABU México e IZCO GO en Tlaxcala pone en evidencia una discrepancia en la aplicación de la ley cuando se compara con plataformas más grandes como Didi. A pesar de que la Secretaría de Movilidad y Transporte ha iniciado procedimientos contra estas dos empresas por incumplimientos, Didi sigue operando aparentemente sin enfrentar consecuencias similares, a pesar de que también se ha mencionado que no cumple plenamente con la normativa estatal.
Este contraste sugiere que la aplicación de la ley puede ser desigual, lo que genera cuestionamientos sobre la imparcialidad y eficacia de las autoridades en la regulación del transporte privado en el estado.
¿Habrá que esperar la respuesta de las autoridades competentes del ramo?