La declaración de la presidenta municipal de San Pablo del Monte, Ana Lucía Arce Luna, al reconocer la presencia de compañeros o colaboradores involucrados con el crimen organizado en el Ayuntamiento, es un hecho que nos debe poner a todos en alerta.
Esta confesión, aunque valiente, es un reflejo de la realidad que se vive en Tlaxcala, donde el poder del crimen organizado ha llegado a los puestos de elección popular.
Es preocupante que lo que antes se veía en estados como Sinaloa, Michoacán, Durango, Guerrero y Tamaulipas, ahora se esté replicando en Tlaxcala.
La presencia del crimen organizado en el Ayuntamiento de San Pablo del Monte, y la posibilidad de que otros alcaldes se atrevan a decir lo mismo, revela la profundidad de la infiltración de estos grupos en la política local.
Esta situación no solo pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos, sino que también socava la confianza en las instituciones y debilita el estado de derecho. Es necesario que las autoridades estatales y federales tomen medidas contundentes para combatir la corrupción y la impunidad que permiten la proliferación del crimen organizado.
Debemos exigir a nuestros representantes que actúen con transparencia y responsabilidad, y que trabajen para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los tlaxcaltecas.
Las fuentes de información actuales sugieren que el crimen organizado está presente en Tlaxcala y que se requiere de instrumentos jurídicos para combatirlo. Se reconoce que el crimen organizado está cada vez más organizado y que su presencia en Tlaxcala es una realidad.
Es importante recordar que el estado de Tlaxcala posee un nivel de riesgo bajo para que grupos del crimen organizado se infiltren para intervenir en los procesos de este estado. Sin embargo, la declaración de la presidenta municipal de San Pablo del Monte, Ana Lucía Arce Luna, es una señal de alerta que no debe ignorarse.
Es necesario que las autoridades tomen medidas para combatir la corrupción y la impunidad que permiten la proliferación del crimen organizado.
