Las elecciones del Poder Judicial en México no sólo determinarán quiénes serán los responsables de administrar la justicia, sino que también definirán la independencia, la imparcialidad y la transparencia del sistema judicial, pilares esenciales para el funcionamiento de cualquier democracia. Sin embargo, este proceso electoral está marcado por una serie de retos que involucran tanto a los ciudadanos como a los candidatos y a la autoridad electoral.
Existe un claro debate sobre si participar o no en esta elección. No obstante, más allá del propio proceso o de las y los candidatos, hay un desconocimiento generalizado sobre el funcionamiento del Poder Judicial. De acuerdo con una encuesta realizada por Parametría, el 72% de la población desconoce la función de ministros, jueces y magistrados.
Muchas personas no comprenden el rol fundamental que juega este poder en la protección de los derechos humanos, la interpretación de la ley y el equilibrio entre las instituciones del Estado. Este desconocimiento limita la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas sobre quiénes ocuparán los puestos clave en el ámbito judicial. Un votante informado no sólo fortalece la democracia, sino que también contribuye a que los miembros del Poder Judicial sean realmente los más capacitados y comprometidos con la justicia.
Las y los candidatos no sólo se enfrentan al desconocimiento ciudadano sobre las funciones del cargo por el que compiten, sino también a una serie de limitaciones en cuanto a los topes de campaña, la promoción en redes sociales y los medios de comunicación. Además, algunos candidatos compiten mientras siguen desempeñando sus funciones en sus respectivos juzgados, mientras que otros harán campaña de tiempo completo. A esto se suma la presión de demostrar que son capaces de ejercer su cargo con total imparcialidad, respeto a la ley y sin inclinaciones políticas.
Por otro lado, la autoridad electoral enfrenta el mayor reto desde su creación. Para empezar, debe organizar una elección con un presupuesto mucho menor que el de los comicios para el Poder Ejecutivo y Legislativo, sin representantes de los candidatos en las mesas directivas de casilla, con menos casillas instaladas y, en el caso de Tlaxcala, con una elección en la que cada ciudadano recibirá 13 boletas. Esto implica un mayor tiempo en el proceso de votación, así como en el escrutinio y cómputo.
Además, la autoridad electoral debe garantizar que el proceso no afecte su credibilidad y que se mantenga ajeno a las presiones políticas o económicas.
Las elecciones del Poder Judicial en México son una pieza clave para la democracia y el Estado de derecho. Sin embargo, no podemos ignorar que este proceso enfrenta retos importantes para todas las partes involucradas. El desconocimiento sobre el funcionamiento del Poder Judicial y la falta de información sobre los candidatos son desafíos para los ciudadanos. Los candidatos, por su parte, deben demostrar su compromiso con la imparcialidad y la ética en el ejercicio de la justicia, mientras que la autoridad electoral debe asegurar que el proceso sea transparente a pesar de las limitaciones presupuestarias.
Como ciudadana, deseo que este sea un proceso histórico que refleje la madurez del electorado, la experiencia de las instituciones electorales y el profesionalismo de quienes administrarán la justicia en nuestro país. Envío mis mejores deseos a todas y todos los candidatos que ya iniciaron campaña y a quienes están por hacerlo. Y ustedes, ¿ya saben por quién votar?
