Por Fabiola Márquez/ Más de 66 personas han muerto, casi 200 han resultado lesionadas y los daños materiales superan los 81 millones de pesos. Esa es la factura que ha dejado en cinco años la carretera federal 119, una de las más transitadas del estado, y también una de las más peligrosas. A pesar de las cifras, ninguna autoridad ha asumido la responsabilidad.
La vía conecta Apizaco con municipios del sur como Chiautempan, Axocomanitla, Teolocholco, Papalotla, San Pablo del Monte, Zacatelco, Xicohtzinco y Tenancingo. Cada día la recorren miles de personas, entre estudiantes, trabajadores y familias, que afirman sentirse desprotegidas y olvidadas por el Estado.
“Es como jugarse la vida todos los días. Ya no es cuestión de mala suerte, es abandono”, dice Mariana López, estudiante universitaria que viaja diario desde la capital tlaxcalteca a Zacatelco.
Vecinos y usuarios coinciden: las condiciones de la carretera son inaceptables. Denuncian curvas peligrosas, baches, falta de señalética, y un transporte público en estado crítico, con unidades que circulan en malas condiciones, sin placas y a exceso de velocidad; además, señalan que los choferes muchas veces no están capacitados ni cuentan con los exámenes médicos o psicológicos necesarios.
“Aquí no hay vigilancia, no hay paraderos seguros, y los permisos de transporte parecen negocio de unos cuantos”, señala Julio Martínez, comerciante de Papalotla.
Pese a los señalamientos, funcionarios han respondido que se trata de una vía federal, por lo que el gobierno estatal y los municipios tienen limitaciones para intervenir. Esta postura, sin embargo, ha generado un vacío de autoridad que los ciudadanos pagan con su vida.
Organizaciones vecinales, activistas y presidentes municipales del sur del estado han comenzado a exigir medidas urgentes. Piden que el Congreso local emita exhortos a la Federación para intervenir, regular el transporte, colocar infraestructura segura y priorizar la vida de los ciudadanos por encima de los intereses políticos o económicos.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial es clara: el Estado tiene la obligación legal de garantizar la seguridad en las vías. Sin embargo, en la carretera 119, la ley parece ignorada.
Mientras tanto, la carretera 119 sigue siendo un corredor de tragedias. Las voces ciudadanas no solo denuncian; exigen una respuesta. La pregunta es inevitable: ¿cuántas muertes más se necesitan para que alguien actúe?
