Hubo dos casos en las últimas horas que ponen en entredicho la política de seguridad en el estado.
En Tlaxcala ya no basta con encender las alertas vecinales ni mirar dos veces antes de cruzar la calle. Ahora, ni siquiera a metros de la Casa de Gobierno, el poder disimula la fragilidad de su propio aparato de seguridad. Un empresario regiomontano fue baleado a plena luz del día, en una zona transitada, frente a una tienda de conveniencia y en la puerta trasera del Estado. El mensaje no es solo para la víctima: es para todos.
¿El sitio del ataque? La Garita. ¿La hora? Mediodía. ¿El objetivo? Un hombre dentro de una camioneta blanca de lujo. ¿El resultado? Tres disparos, seis impactos en el vehículo, casquillos calibre .45 en el suelo… y una gobernabilidad que tambalea, aunque insistan en vestirse con discursos de paz y videovigilancia de cartón.
Que no nos digan que fue un “caso aislado”, que no nos vengan con el guion gastado del “ya se activó el operativo”. La Garita es literal y simbólicamente el paso hacia la sede del poder ejecutivo estatal. ¿Y qué encontramos? Criminales que disparan, huyen por la Ribereña y desaparecen como si Tlaxcala fuera tierra de nadie.
La camioneta del empresario recibió fuego directo. No fue un asalto fallido, no fue un malentendido: fue un ataque planeado. Los responsables siguen libres, la violencia escala y el miedo se normaliza. Porque sí, en Apetatitlán también hubo robo con violencia: tres tipos armados entraron a Sam’s Club y se llevaron 80 mil pesos en celulares, a plena luz del día, sin heridos… pero con absoluta impunidad.
Lo que pasa cerca de Casa de Gobierno ya no se queda en rumores: se traduce en detonaciones. La narrativa oficial se esfuerza por pintar eficiencia con boletines: que si la Cruz Roja respondió rápido, que si el C5i identificó un auto, que si el gabinete de seguridad está “activo”. Pero lo cierto es que la percepción ciudadana ya no se convence con protocolos.
La violencia ha dejado de ser una amenaza lejana. Vive entre nosotros. Circula por la Tlaxcala–Chiautempan, cruza Apetatitlán, se pasea por las plazas comerciales y estacionamientos.
Y si disparan a un empresario foráneo a plena luz del día sin que nadie los detenga… ¿qué nos espera al resto?
Contrario al discurso de que la información roja espanta la inversión, la gente en las calles se espanta con las balas. Y eso no debe convertirse en un cuadro cotidiano.
La estrategia de seguridad debe ser replanteada. Porque la percepción ciudadana ya no es percepción: es una alerta encendida.
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LA CAMINERA…Ni rápidos, ni furiosos…Y sí, en Apetatitlán también hubo robo con violencia. Tres sujetos —como salidos de una caricatura de la impunidad— huyeron en una motocicleta que no corre a más de 100 kilómetros por hora. Armados, y con total calma, se llevaron 80 mil pesos en celulares del área de telefonía de Sam’s Club, a plena luz del día. No hubo heridos. Pero tampoco detenidos. Solo una imagen: la de los tres cuerpos apretujados en un escape torpe, pero suficiente… porque sabían que nadie los iba a alcanzar.
Es la segunda ocasión reciente en que los delincuentes escapan en motocicleta; la primera fue en el asesinato del empresario en ese mismo municipio que dice gobernare el aliancista Azaín Ávalos. Mientras tanto, el C2 de Apetatitlán permanece mudo, y las patrullas nuevas entregadas con orgullo siguen brillando… pero por su ausencia cuando más se necesitan.
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AHORA SÍ, LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS...Torpeza informativa…Tras el robo violento en Sam’s Club Apetatitlán, el Gobierno del Estado difundió una tarjeta informativa que, en los hechos, más que asumir responsabilidades, se deslinda elegantemente. Que el aviso llegó tarde, que la tienda tiene seguridad privada, que las cámaras del C5i no ven bien… y que la plaza no se ha “acercado” lo suficiente para resolverlo.
Es decir: la culpa no es del Estado, es del ángulo de las cámaras y de los que no se coordinan. Mientras tanto, los delincuentes siguen huyendo en moto… y la ciudadanía, en miedo.
Tarjetas como esta no ayudan en nada: solo evidencian la torpeza informativa de una administración que prefiere justificar el fracaso que corregirlo. ¿Quién las autoriza?
