🟣 La CEDH Tlaxcala fija postura tras polémica en Zacatelco: pide respeto irrestricto a los derechos de la niñez y responsabilidad institucional.
Fabiola MÁRQUEZ / Zacatelco, Tlax., 14 de julio de 2025. Luego de la polémica generada por un video difundido en redes sociales, donde se observa una dinámica entre adolescentes durante una clausura escolar en la Sección Segunda de Zacatelco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) emitió un pronunciamiento en el que subraya la obligación de proteger de forma integral los derechos de niñas, niños y adolescentes, y de actuar con responsabilidad institucional frente a cualquier intervención pública que los involucre.
La actividad en cuestión fue impulsada por Valery Lorety, presidenta de comunidad y activista trans, quien participó como madrina de generación en la escuela secundaria “Ignacio Manuel Altamirano”. El hecho, que involucró un presunto “concurso de besos” entre estudiantes del mismo sexo, generó diversas reacciones sociales, políticas y mediáticas.
En su posicionamiento oficial, la CEDHT recordó que las personas adolescentes gozan de todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales, y que cualquier acción que los involucre debe poner por delante su bienestar físico, emocional y psicosocial, bajo el principio del interés superior de la niñez.
“Toda dinámica dirigida a adolescentes debe diseñarse con enfoque de protección integral, considerando su edad, madurez, autonomía y la generación de entornos de contención, respeto y confianza”, señala el documento.
El organismo también enfatizó que las personas servidoras públicas tienen la responsabilidad de actuar con legalidad, prudencia, profesionalismo e inclusión, evitando exponer a menores de edad a situaciones que puedan malinterpretarse o derivar en estigmatización.
Además, la CEDHT urgió a que las autoridades educativas aseguren que las actividades escolares estén respaldadas por metodologías claras y acompañamiento pedagógico, sobre todo cuando se aborden temas sensibles como diversidad sexual, afectividad o prevención de violencia.
En este contexto, la Comisión anunció que, a través de su Visitaduría Especializada en Asuntos de Género y Contra la Trata de Personas, inició una investigación formal y abrió el expediente de queja número CEDHT/VEGT/20/2025.
Finalmente, la CEDHT reiteró su compromiso con la libertad de expresión, la defensa de los derechos de adolescentes y la necesidad de formar a las y los servidores públicos en temas de niñez, derechos humanos, género y comunicación institucional ética.
“Los errores deben asumirse con responsabilidad, pero nunca utilizados como excusa para reactivar estigmas o fomentar discursos de odio.”
Pronunciamiento de la CEDHT por los hechos ocurridos en la Sección Segunda de Zacatelco, donde se involucró a adolescentes
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT), se pronuncia ante los hechos que se han difundido en medios de comunicación y redes sociales, en torno a una actividad impulsada por la presidenta de la comunidad de la Segunda Sección de Zacatelco, Tlaxcala, la cual involucró a adolescentes y ha generado diversas reacciones sociales.
Ante estas circunstancias, es importante señalar que las personas adolescentes gozan de todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y legislación nacional, con el principio rector de interés superior de la niñez. Esto implica que cualquier medida, actividad o mensaje que les involucre debe tener como prioridad su bienestar físico, emocional, psicosocial y su desarrollo integral.
En este caso, los derechos a considerar, entre otros, son el libre desarrollo de la personalidad, a la integridad emocional, a ser escuchados y a vivir libres de discriminación. Por ello, cualquier acción institucional dirigida a este grupo, debe diseñarse desde un enfoque de protección integral, considerando su edad, madurez, capacidad progresiva, autonomía y la necesidad de generar entornos de contención, respeto y confianza.
Las personas que ejercen funciones públicas, tienen el deber de limitar su actuación formal frente a los derechos humanos, especialmente cuando se interviene en actividades con niñas, niños y adolescentes, la cual se extiende también a los mensajes, discursos, contenidos y dinámicas que impulsan desde su representación institucional.
En este sentido, la actuación de toda persona servidora pública debe regirse por los principios de legalidad, prudencia, profesionalismo, inclusión y respeto irrestricto a los derechos humanos.
Las personas servidoras públicas están obligadas a garantizar un marco de seguridad emocional, integridad y protección contra todo acto que pueda resultar lesivo, aun si no fuera intencional, deben abstenerse de exponer a menores de edad a situaciones públicas que puedan malinterpretarse, sacarse de contexto o derivar en linchamientos sociales o digitales; y es su responsabilidad verificar previamente el enfoque pedagógico, el consentimiento informado (cuando sea necesario) y la observancia de la normativa aplicable en cualquier dinámica que implique contacto directo con grupos en situación de vulnerabilidad. Y, sobre todo, tienen la obligación de capacitarse constantemente en materia de derechos humanos, género, protección a la infancia, inclusión y comunicación institucional responsable.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos reitera su respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico plural y crítico, el cual debe ejercerse con responsabilidad social, perspectiva de derechos humanos y cuidado hacia los grupos en situación de vulnerabilidad. El tratamiento noticioso de la niñez, de las mujeres en política, de la diversidad sexual o del activismo social puede reproducirse desde el compromiso ético con la verdad, el respeto y la no discriminación.
Reconocemos como Organismo protector de derechos humanos, que estos hechos, son un indicador de que es necesario fortalecer la formación institucional, el diálogo con las comunidades y la construcción de entornos más seguros y respetuosos para nuestras adolescencias, así como también que las actividades públicas que sean dirigidas a niñas, niños y adolescentes deben diseñarse con rigor, sensibilidad, participación de especialistas, y desde una ética centrada en su cuidado.
Es importante señalar que las autoridades educativas tienen la obligación de observar que los contextos formativos sean respaldados por metodologías claras, enfoques integrales y acompañamiento pedagógico, especialmente cuando se abordan temas sensibles como las expresiones afectivas, violencias o la diversidad sexual.
Como institución garante de derechos, reiteramos nuestro compromiso de defender el derecho de las personas adolescentes a vivir sin violencia, sin discriminación y con pleno respeto a su dignidad; así como reforzar la promoción de espacios de formación para personas servidoras públicas en materia de infancia y adolescencia, derechos humanos y comunicación institucional con enfoque de género; así como también la necesidad de acompañar a las comunidades educativas y gobiernos locales en la construcción de una educación inclusiva, ética y respetuosa de la diversidad.
Reiteramos que los errores deben ser asumidos con responsabilidad, pero nunca usados como excusa para reactivar estigmas o fomentar discursos de odio.
Ante estos hechos y en cumplimiento de sus obligaciones, la CEDHT, a través de la Visitaduría Especializada en Asuntos de Género y Contra la Trata de Personas, inició la investigación correspondiente y radicó el expediente de queja número CEDHT/VEGT/20/2025.
