(Fabián Robles/17 de julio 2025) De los 91 empleados del Poder Judicial detectados como posibles “aviadores” en otros 24 entes públicos durante el ejercicio fiscal del año pasado, el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) solo hizo públicos los nombres de cuatro personas, entre quienes destaca Germán Mendoza Papalotzi, actual integrante del Consejo de la Judicatura del TSJE.
En el anexo 1, observación 5, relativo a “Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)”, que ampara una revisión al periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2024, por orden numérico aparecen Blanca Azucena Cortéz Zárate, Germán Mendoza Papalotzi, Samuel Morales Pulido y Merady Molina Tlapale, cuyos nombres también fueron detectados en las nóminas del OPD Salud de Tlaxcala, la extinta PGJE, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, respectivamente.
Según los documentos del OFS, Blanca Azucena Cortéz fue dada de alta en el Poder Judicial el 3 de junio de 2024 y habría cobrado 53 mil 047.86 pesos por concepto de sueldo y demás percepciones pagadas en el ejercicio 2024.
Esa información contrasta con la versión pública de su declaración patrimonial, según la cual la licenciada en Contaduría Pública asumió como analista en el área de recursos humanos y materiales del TSJE el 6 de marzo de 2024. Antes de ese empleo fungió como jefa de departamento del OPD Salud de Tlaxcala donde laboró del 6 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024.
Germán Mendoza Papalotzi fue señalado por el OFS de aparecer en la nómina de la extinta Procuraduría General de Justicia, a pesar de desempeñarse al mismo tiempo como representante de las y los magistrados ante el Consejo de la Judicatura, cargo para el que fue electo por el periodo comprendido del 18 de marzo de 2024 al 17 de marzo de 2027.
En la versión pública de su ficha curricular se pudo conocer que el maestro por la Universidad del Valle de Tlaxcala (UVT) asumió como integrante del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial el 18 de marzo de 2024.
En ese mismo documento se lee que el exsecretario ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) laboró en la PGJE como titular del Departamento de Atención Integral y Justicia Administrativa del 15 de mayo de 2023 al 14 de marzo de 2024.
Según el Órgano de Fiscalización en el Poder Judicial, durante el ejercicio de 2024, cobró 646 mil 148.75 pesos por concepto de “sueldo y demás prestaciones”, aparte de estar en la nómina de la PGJE en la que presentó “incompatibilidad”.
Apenas en la elección judicial del pasado 1 de junio, Mendoza Papalotzi participó como candidato a magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA) y ganó un lugar al obtener 31 mil 494 votos.
El OFS también detectó que Samuel Morales Pulido apareció tanto en la nómina del Poder Judicial como en la de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) del gobierno morenista. Durante el ejercicio 2024 recibió del TSJE la cantidad de 459 mil 479.50 pesos por “sueldo y demás prestaciones”.
El maestro en Juicios Orales por la Universidad Leonardo Da Vinci de Puebla, comenzó laborar en el Poder Judicial desde el 24 de agosto de 2021 y, según su ficha curricular, desde entonces estuvo adscrito al Consejo de la Judicatura, hasta el 30 de septiembre de 2024.
Durante los últimos meses que laboró en el TSJE tuvo ingresos netos por 460 mil 303 pesos, de acuerdo con la versión de su más reciente declaración patrimonial —recibida en la Secretaría de la Función Pública el 28 de mayo del presente año—, en la cual también se pudo conocer que Morales Pulido comenzó a laborar en la Secretaría de Movilidad el 10 de enero del año 2024 en el área de transporte privado (ventanilla rápida) con una remuneración mensual neta de 11 mil 330 pesos.
Con base en lo anterior se comprueba que, al menos durante casi nueve meses del año pasado, “dobleteó” tanto en el Poder Judicial como en la administración de Lorena Cuéllar, con la complacencia de la magistrada presidenta Anel Bañuelos y del titular de la SMyT, Marco Tulio Munive.
Pero no todo queda ahí, porque de acuerdo con datos obtenidos de su curriculum vitae llama la atención que, antes de ingresar al Poder Judicial, ese licenciado en Derecho por el Centro Universitario Hispánico de Texmelucan llegó a tener hasta tres cargos públicos al mismo tiempo, aunque fuera unos días entre 2020 y 2021.
Del 15 de abril de 2012 al 23 de agosto de 2021 fungió como auxiliar técnico en el Departamento de Atención Integral y Justicia Alternativa de la entonces PGJE. Sin dejar esa primera encomienda, del 15 de enero de 2020 al 15 de febrero de ese mismo año se desempeñó como director de archivo en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP-Tlax); y del 15 de febrero de 2020 al 22 de agosto de 2021 fue titular de la unidad de transparencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA).
Sin embargo, esos datos de su ficha curricular son contradictorios con los que se pudieron consultar en la versión pública de su última declaración patrimonial: de su primer empleo en la PGJE informó que ingresó el 15 de enero de 2012; es decir tres meses antes de lo que anotó en su ficha curricular. La fecha que sí coincide en ambos documentos es la relativa a la conclusión de su encargo
En su declaración patrimonial Samuel Morales omitió que, aunque sea un mes del año 2020, laboró en el IAIP-Tlax.
También en ese mismo documento asentó que, del 15 de enero de 2012 al 23 de agosto de 2021, fue titular de la unidad de transparencia del TCyA, pero en su currículum se lee que, en esa encomienda, solo estuvo del 15 de febrero de 2020 al 22 de agosto de 2021.
En el caso de Merady Molina Tlapale, el Órgano de Fiscalización Superior detectó que el Poder Judicial le pagó 134 mil 327.91 pesos por “sueldos y demás prestaciones” durante el ejercicio fiscal de 2024, pero también apareció en la nómina de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Según los documentos públicos dados a conocer por el auditor Arturo Lucio Salas Miguela, esa maestra por la Universidad del Valle de Tlaxcala (UVT) fue dada de alta en el Poder Judicial el 01 de diciembre de 2022.
Sin embargo, en su última declaración patrimonial —recibida en la Secretaría de la Función Pública el 06 de mayo del presente año— no aparece ningún dato que haga referencia a su paso como empleada en el TSJE.
En cambio, en ese mismo documento se observa que funge como “enlace u homóloga” en la Dirección de Seguridad Pública de la SSC donde tomó posesión del cargo el “0001-03-19”; es decir, la fecha es ininteligible. Lo que sí se supo es que durante el último año en esa encomienda —en 2024— tuvo una remuneración neta por 286 mil 136 pesos.
Aun con ese yerro, se pudo conocer que Molina Tlapale, entre los años 2012 y 2018, siempre laboró en la entonces Comisión Estatal de Seguridad en la que desempeñó varios cargos.
Pero esos datos no coinciden con una versión pública de su declaración de situación patrimonial y de intereses consultada en el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, según la cual ingresó al Poder Judicial el 01 de diciembre de 2022 para fungir como encargada de la secretaría particular de la presidencia del TSJE que, en ese entonces, ocupaba la magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas.
Contrario a lo que dio a conocer el OFS, según el acta número 25/2024 de la sesión extraordinaria del Consejo de la Judicatura, celebrada el 13 de marzo de 2024, Merady Molina no habría laborado todo ese año en el Poder Judicial.
Ese día, por unanimidad de votos, los integrantes de ese órgano, avalaron el acuerdo XII/25/2024.3 mediante el cual se dio por terminada la relación laboral que tenía el Poder Judicial con la maestra Merady Molina Tlapale, quien fungía como jefa de Sección (nivel 7), adscrita a la Tercera Ponencia de la Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes.
En vano fueron los intentos que hizo la titular de esa ponencia, Mary Cruz Cortés, para mantener en el TSJE a su incondicional.
La magistrada presentó el oficio número PSP-3P/079/2024 para poner “a disposición de este órgano colegiado a dicha servidora pública”; sin embargo, no fue posible reasignarla a otra área “al no existir un espacio vacante en los órganos jurisdiccionales y administrativos, ni condiciones presupuestarias para su permanencia en el Poder Judicial del Estado”.
Además, consideraron que “aunado a que al encontrarse bajo el régimen laboral de confianza, no cuenta con la estabilidad en el empleo por la propia naturaleza del cargo. En consecuencia (…) se determina dar por terminada la relación laboral (…) con efectos a partir del dieciséis de marzo de dos mil veinticuatro, sin responsabilidad para este ente público”.
También instruyeron “al encargado de la Dirección Jurídica del Tribunal Superior de Justicia del Estado y tesorero del Poder Judicial del Estado, realicen la cuantificación de las prestaciones a que tenga derecho la servidora pública, en términos de la ley de la materia”.
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