¡Vaya! que los datos que revela la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) sobre el aumento inusitado de casos de extorsión en Tlaxcala y al ataque a dos presidentes de comunidad ponen el dedo en la llaga del gobierno de Lorena Cuéllar, los ayuntamientos, y una alerta roja en la mesa de seguridad estatal.
La queja de Coparmex a nivel nacional arroja la radiografía que la extorsión tiene de rodillas a los empresarios y sigue limitando la operación, la inversión y el crecimiento del país. En 2025, este delito aumentó en 20 de las 32 entidades, lo que significa que casi dos tercios del territorio nacional enfrentan un problema que se expande sin freno.
El comunicado oficial revela y advierte que la extorsión ya no es un fenómeno aislado ni transitorio: es un costo persistente y dañino que encarece la operación cotidiana, frena la inversión y erosiona la capacidad de crecimiento de las empresas, y que mientras algunos delitos muestran reducción, la extorsión se consolida como delito estructural, sin señales de contención efectiva. Y lo más grave: las cifras oficiales solo reflejan lo denunciado, dejando fuera la “cifra negra” que multiplica la dimensión real del problema.
El balance de la última década es demoledor. Entre 2015 y 2025, las víctimas anuales pasaron de 6,223 a 11,081, un aumento de 78.1% que refleja una tendencia sostenida y corrosiva para la economía local.
Cinco entidades concentran 65.2% de las víctimas —Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz—, mientras que las diez con mayor incidencia acumulan 81% del total nacional. Tlaxcala, Chiapas, Ciudad de México, Nayarit, Yucatán y Puebla destacan con incrementos de dos y hasta tres dígitos. Pero Tlaxcala es el caso más alarmante: un crecimiento del 1,300% en un solo año.
Ese porcentaje, que en cualquier otro contexto sería impensable, coloca a Tlaxcala en la lista negra junto a entidades históricamente golpeadas por la delincuencia organizada. El problema no es solo el tamaño del incremento, sino la velocidad con la que el delito se normalizó en un estado que se presume “tranquilo”.
Lo cierto, es que las autoridades de todos los niveles deben dar una respuesta pronta, si se replanteará la estrategia de seguridad en el estado en este rubro.
La pregunta ya no es si Tlaxcala tiene un problema grave de extorsión. La pregunta es cuánto más debe crecer el delito para que la respuesta deje de ser reactiva y se vuelva estratégica. Porque cuando la extorsión crece 1,300%, el mensaje es claro: el crimen ya entendió el territorio… y el Estado aún no.
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LA CAMINERA….Respuestas….Los ataques contra presidentes de comunidad en Tlaxcala dejaron de ser episodios aislados para exhibir un patrón más profundo: violencia política local vinculada al crecimiento acelerado de la extorsión. El atentado armado en San Mateo Ayecac, Tepetitla, y el incendio del vehículo del presidente de comunidad de San Felipe Cuauhtenco, Contla, ocurren en un contexto donde el estado ya figura como foco nacional de este delito.
Las reacciones partidistas llegan, pero la respuesta institucional sigue siendo insuficiente. Mientras el PAN y Fuerza por México condenan y exigen reforzar la seguridad, el gobierno estatal de Morena administra la crisis sin colocarla como prioridad real.
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AHORA SÍ, LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS...Tache...Lo que debía ser una jornada de cercanía con el pueblo terminó exhibiendo algo mucho más básico —y peligroso—: la improvisación. El último evento en Chiautempan de las Jornadas “Cumpliendo al Pueblo” dejó al descubierto una cadena de fallas logísticas que no son detalle menor, son foco rojo.
Un salón social atiborrado de sillas, un solo acceso, sin salidas de emergencia visibles y, para rematar, puertas de vidrio parcialmente cerradas. El resultado fue un embudo humano a la salida: empujones, desorden, caras de susto y un caos que se pudo evitar con planeación elemental.
La pregunta no es exagerada ni alarmista: ¿qué habría pasado si en ese momento ocurre un sismo? ¿Cómo se evacúa a decenas —o cientos— de personas cuando no hay rutas claras, cuando las puertas están cerradas y cuando la logística parece pensada para la foto, no para la seguridad?
Aquí no se trata de golpeteo político ni de mala fe. Se trata de responsabilidad. Porque gobernar también es prever. Porque convocar gente implica cuidarla. Y porque en un estado sísmico, ignorar protocolos básicos no es descuido: es riesgo.
Las Jornadas pueden llamarse “Cumpliendo al Pueblo”, pero cumplir empieza por algo tan simple como garantizar que todos regresen a casa sin incidentes.
