La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros enfrenta otra crisis de credibilidad de peso, no por una acción de oposición, sino por decisiones propias que han encendido las alertas de la sociedad civil y sembrado dudas profundas sobre los criterios que rigen su administración. Los polémicos nombramientos de Mónica Jiménez Gutiérrez en la Comisión de Atención a Víctimas y de Ricardo Peralta Saucedo en Casa Tlaxcala en CDMX son síntomas de una lógica política que privilegia la lealtad o el cálculo por encima de la idoneidad y la ética pública.
El caso de Jiménez Gutiérrez es particularmente grave y refleja una sensibilidad aterradora hacia el dolor ajeno. Designar a una persona señalada públicamente por presuntos actos de corrupción y extorsión al frente de un organismo que debe ser el santuario de la confianza para víctimas de violaciones graves a derechos humanos es, como mínimo, una burla. La preocupación de los colectivos, que el vocero reconoce como «legítima», es en realidad un grito de indignación justificado. Pedirles a las víctimas que «dialoguen» y «vean el trabajo» de la funcionaria es invertir grotescamente la carga de la prueba. No son las víctimas quienes deben demostrar la idoneidad de su supuesta protectora; es el gobierno quien debió haber garantizado, desde el origen, un perfil intachable, sin sombras que contaminen la ya de por sí frágil búsqueda de justicia. Aquí, la empatía de la que habla el vocero suena hueca. La empatía genuina se hubiese demostrado eligiendo a alguien cuya sola presencia infundiera confianza, no escepticismo.
En paralelo, el nombramiento de Ricardo Peralta Saucedo huele a clásico quid pro quo político. La defensa del vocero es el manual del justificante débil: se deslinda apresuradamente de un papel electoral («Descartado»), se descalifican las críticas como «eminentemente mediáticas» –un recurso para evadir el fondo– y se ensalza un «perfil» de contactos y experiencia. Precisamente esa experiencia en pasillos federales es lo que alimenta la sospecha de que su verdadera función será la de un operador político, un enlace para gestionar no sólo proyectos, sino influencias y apoyos de cara al futuro electoral de 2027. Decir que «ha estado cercano a la gobernadora» y que «entiende el proyecto» suena más a la descripción de un aliado político que a los méritos de un técnico en vinculación.
El patrón es claro: ante señalamientos serios, la administración responde con un guion que minimiza, descontextualiza y pide «tiempo» o «diálogo», en lugar de ofrecer transparencia y rendición de cuentas proactiva. Se invoca la «transformación» mientras se recurre a prácticas añejas: la colocación de figuras polémicas en puestos claves, ya sea para saldar deudas o para asegurar operación política.
La gobernadora Cuéllar tiene una deuda con los tlaxcaltecas. No basta con que su vocero pida paciencia a las víctimas o desmienta operaciones políticas. La legitimidad de su proyecto de «transformación» se está resquebrajando con estas decisiones. Debe explicar, ella directamente, qué pesó más en estos nombramientos: ¿el interés público o las cuentas pendientes? Hasta que no lo haga, la sombra del pago de favores y la politización de instancias sensibles seguirá creciendo, erosionando lo más valioso que tiene un gobierno: la confianza de la gente a la que juró servir. Tlaxcala merece más que sombras y justificaciones mediáticas. Merece claridad y rectitud, se lo digo así, sin maquillaje ni retoques.
