Antes de que el amanecer ilumine las calles de Tlaxcala, ya ha llegado la propaganda. Bardas, espacios públicos y hasta la tranquilidad de municipios alejados se ven invadidos por una guerra de mensajes subliminales y lemas vacíos. “Es Ella”, “Tlaxcala va con el Corazón”. Mensajes genéricos, sí, pero cuyos destinatarios todos conocemos. No es publicidad institucional, es proselitismo descarado y anticipado que convierte nuestro patrimonio común –el paisaje urbano– en el tablero de una disputa interna de Morena por la gubernatura 2027.
Es un espectáculo deprimente. Mientras la senadora Ana Lilia Rivera y el alcalde capitalino Alfonso Sánchez García libran una batalla por la candidatura a través de sus operadores, las calles llevan la peor parte. Esta contaminación visual y política no es entusiasmo democrático; es una muestra de prepotencia, de la creencia de que las reglas y los tiempos legales son para otros. Es la convicción de que se puede saturar el espacio público con propaganda, utilizando recursos y estructuras partidistas –e incluso, como han denunciado, desviando recursos públicos– mucho antes de que la ley lo permita.
Lo más grave no son solo las pintas y los volantes, sino el silencio cómplice y la impunidad que parecen acompañarlas. Durante semanas, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) guardó un silencio que muchos interpretaron como incapacidad o, peor aún, como tolerancia. Solo hasta ser interpelado por la prensa, su presidente, Emmanuel Ávila González, confirmó que “investigan”. Reconoció lo obvio: “aunque no digan nombres ni apellidos, hay una intención hacia alguien”. Pero entre la investigación y la acción efectiva parece extenderse un abismo.
La excusa de siempre es la ambigüedad legal. ¿Cómo actuar si no hay nombres? La jurisprudencia electoral, como el mismo ITE cita, debe analizar el contexto, la proximidad al proceso y la intención evidente. Y la intención aquí salta a la vista. Esta propaganda “genérica” no promueve valores abstractos; es el arranque no declarado de una campaña que busca posicionar figuras específicas, crear ventajas injustas y sondear terreno. Es una burla a la equidad que debe regir toda contienda.
Mientras el ITE “analiza elementos”, la estructura de Morena en el estado, controlada por figuras cercanas a Sánchez García –su esposa es la presidenta estatal del partido–, opera a toda máquina. Y la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, lejos de ser un factor de neutralidad, parece un espectador pasivo de una guerra que desgasta no solo a su partido, sino la credibilidad de las instituciones. El desvío de recursos humanos y económicos denunciado por partidos como el PAN y el PRD es una acusación gravísima que no puede quedar en el vacío.
Esta pugna morenista, desbordada en las calles y en redes, es un pésimo presagio. Anticipa una contienda sucia, donde la norma se verá como un obstáculo a sortear, no como el marco que garantiza una competencia limpia. El llamado formal del PRD y del PVEM a las autoridades electorales es una voz en el desierto si no hay voluntad para aplicar la ley con firmeza y oportunidad.
Señor Ávila González, señores consejeros del ITE: la ciudadanía no necesita más explicaciones sobre jurisprudencias. Necesita ver acción. Si, como usted dice, hay herramientas legales, úsenlas. Emitan las medidas cautelares para retirar esta propaganda y cesar estos actos. Demuestren que el organismo no es un convidado de piedra, sino el guardián de la legalidad electoral.
A los operadores políticos y a los aspirantes: Tlaxcala no es su patio trasero. Sus ambiciones no dan derecho a convertir nuestras comunidades en una feria de vanidades y mensajes vacíos. El desprecio por el espacio público refleja un desprecio por la ciudadanía, se lo digo así, sin maquillaje y sin retoques.
Que la próxima vez que amanezca una barda pintarrajeada, amanezca también una multa, una sanción clara y un mensaje contundente: en Tlaxcala, la ley sí cuenta. O al menos, debería.
