*El Congreso de Tlaxcala avaló la iniciativa enviada por la gobernadora Lorena Cuéllar, que transforma el Instituto de Acceso a la Información en un órgano desconcentrado denominado «Transparencia para el Pueblo»
Mariana LOVERA// Con 19 votos a favor y uno en contra, el Congreso del Estado aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presentada por la titular del Poder Ejecutivo, Lorena Cuéllar Cisneros, con lo que Tlaxcala se suma a la reingeniería institucional impulsada desde la Federación tras la desaparición del INAI.
La nueva legislación, que forma parte del expediente parlamentario LXV 249/2025, sustituye al anterior Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado por «Transparencia para el Pueblo del Estado de Tlaxcala», un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
De acuerdo con el dictamen aprobado, el nuevo ente mantendrá «autonomía funcional para la toma de decisiones en su ámbito de competencia», lo que garantizará —según el documento— la independencia en la resolución de los recursos de revisión, aunque perderá la naturaleza de organismo constitucional autónomo que anteriormente poseía.
La iniciativa, turnada originalmente al Congreso el 13 de noviembre de 2025, fue motivada por la necesidad de armonizar la legislación local con la reforma federal en materia de simplificación orgánica que derivó en la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), transfiriendo sus competencias a las contralorías y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
En los considerandos del dictamen, se destaca que la reforma responde al Eje 4 del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027: «Gobierno Honesto, Eficiente y Transparente», y materializa «la simplificación orgánica al migrar de una estructura de organismo constitucional autónomo a una estructura de órgano administrativo desconcentrado».
Los legisladores argumentaron que esta transformación se realiza «sin menoscabo de la función esencial», buscando «la optimización de recursos públicos al aligerar la estructura burocrática sin sacrificar la eficacia en la tutela del derecho».
La ley establece un Subsistema Estatal de Transparencia, que formará parte del Sistema Nacional, integrado por los órganos internos de control de los tres poderes, órganos autónomos y representación municipal. El Comité Estatal será presidido por el representante del Poder Ejecutivo y contará con una Secretaría Ejecutiva a cargo de la persona titular de Transparencia para el Pueblo.
Las facultades del nuevo órgano incluyen interpretar la normatividad aplicable, conocer y resolver recursos de revisión, imponer medidas de apremio y fomentar la cultura de la transparencia en el sistema educativo estatal.
La nueva legislación mantiene la obligación de los sujetos obligados —que incluyen poderes del Estado, municipios, órganos autónomos, fideicomisos y particulares que ejerzan recursos públicos— de publicar información de oficio en materia de estructura orgánica, remuneraciones, contrataciones, programas sociales y declaraciones patrimoniales, entre otros rubros.
Se establece también la figura de «transparencia con sentido social», que busca incentivar la publicación de información útil sobre temas prioritarios considerando la demanda ciudadana.
La ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Los procedimientos iniciados ante el anterior instituto serán sustanciados por el nuevo órgano conforme a las disposiciones vigentes al momento de su inicio.
El Comité del Subsistema Estatal deberá instalarse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la vigencia de la ley, mientras que los poderes Legislativo y Judicial, órganos autónomos y municipios tendrán veinte días naturales para adecuar su normativa interna.