Mariana LOVERA | La diputada Laura Yamili Flores Lozano (PRD) presentó una iniciativa con proyecto de acuerdo que condena enérgicamente la violencia política contra las mujeres en razón de género y exhorta a las autoridades electorales, ayuntamientos y partidos políticos a prevenirla y sancionarla.
El documento, turnado a la Mesa Directiva del Congreso local, pone especial énfasis en el caso de la síndica de Santa Catarina Ayometla, quien ha denunciado hostigamiento, obstrucción de funciones y una presunta destitución ilegal por parte del presidente municipal y personal del ayuntamiento.
La legisladora recordó que, pese a los avances constitucionales en materia de paridad sustantiva —desde las cuotas de género en los 90 hasta la reforma de 2024 que garantiza la igualdad en gabinetes y órganos autónomos—, la realidad en los municipios tlaxcaltecas evidencia una persistente cultura machista que busca someter a las mujeres que ejercen cargos públicos.
“La síndica de Ayometla ha sido amenazada, se le ha impedido el acceso a sus oficinas y se le ha ‘destituido’ ilegalmente por atreverse a fiscalizar la cuenta pública y exigir prestaciones para trabajadores. Esto no es solo un conflicto administrativo; es violencia política de género”, señaló Flores Lozano durante la exposición de motivos.
De acuerdo con el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), entre 2021 y 2025 se presentaron poco más de 30 denuncias, pero solo dos derivaron en sanción —ambas por violencia digital—. Casos como los de las regidoras de Yauhquemehcan y Mazatecochco, donde los tribunales electorales ya han emitido fallos por obstrucción de funciones, demuestran que la impunidad sigue siendo la constante.
La iniciativa, que se espera sea votada como de urgente resolución, plantea seis puntos medulares:
1. Condena a todo tipo de violencia política contra las mujeres.
2. Exhorto a los 60 ayuntamientos para que respeten el ejercicio de presidentas, síndicas y regidoras, cesando hostigamiento y amenazas.
3. Llamado al Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Centro de Justicia para Mujeres para que resuelvan con prontitud las denuncias de la síndica de Ayometla y garanticen medidas cautelares.
4. Exhorto a partidos políticos para que en el próximo proceso electoral cumplan sustancialmente con la paridad de género y eviten simulaciones o candidaturas que perpetúen la discriminación.
5. Instrucción al ITE y al TET para que, en el ámbito de sus atribuciones, actúen con perspectiva de género durante las fases de precampaña, campaña y acceso a cargos.
6. Comunicación oficial del acuerdo a todas las instancias involucradas.
El caso de Santa Catarina Ayometla ha escalado a instancias legales: la síndica promovió un Juicio de la Ciudadanía ante el TET, presentó denuncia ante la FGE y solicitó medidas de protección ante el Centro de Justicia para Mujeres. Mientras tanto, el ayuntamiento —presuntamente— ya tomó protesta a una suplente, hecho que la diputada calificó como una posible usurpación de funciones.
“No podemos permitir que un cabildo, por mayoría, se arrogue facultades que solo corresponden al Congreso del Estado. Destituir a una síndica por no plegarse a la voluntad del alcalde es un acto de violencia política que debe ser sancionado ejemplarmente”, advirtió Flores Lozano.
La iniciativa será discutida en los próximos días, en un contexto donde la cercanía del proceso electoral 2026-2027 obliga a los actores políticos a demostrar si los avances legislativos en paridad se traducen en una transformación cultural real o si, por el contrario, la violencia política contra las mujeres seguirá siendo moneda corriente en los municipios tlaxcaltecas.