Mariana LOVERA | La diputada Gabriela Hernández Islas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del estado, presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal con el objetivo de institucionalizar un Programa Estatal de Empleo Temporal de carácter anual y obligatorio.
La propuesta surge ante los altos índices de informalidad laboral que enfrenta la entidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, más del 70 por ciento de la población ocupada en Tlaxcala trabaja en condiciones de informalidad, sin acceso a seguridad social, contratos formales ni prestaciones básicas, lo que coloca al estado entre las entidades con mayor informalidad del país.
La legisladora expuso que, aunque la tasa de desocupación abierta se mantiene en niveles relativamente bajos, una proporción significativa de la población ocupada se encuentra en subocupación o en pobreza laboral, es decir, no logra adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral. Las mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y habitantes de zonas rurales son los grupos más afectados.
La iniciativa plantea adicionar un artículo 9 Ter y un párrafo segundo a la fracción I del artículo 62 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, estableciendo la obligación del Ejecutivo estatal de implementar cada año un programa de empleo temporal con reglas de operación claras, metas, indicadores y mecanismos de rendición de cuentas.
El programa priorizaría a personas en situación de vulnerabilidad: personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes, mujeres, personas cuidadoras y habitantes de comunidades con alto rezago económico. Garantizaría condiciones de trabajo dignas, seguras y una remuneración no inferior al salario mínimo vigente.
Entre los derechos que se reconocerían a las personas beneficiarias durante su participación destacan la remuneración económica justa y oportuna, condiciones de seguridad e higiene, igualdad y no discriminación, así como accesibilidad y ajustes razonables para personas con discapacidad.
Los transitorios establecen que el Ejecutivo estatal deberá emitir o adecuar las reglas de operación del programa dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, y prever en el proyecto de Presupuesto de Egresos los recursos necesarios para su operación anual.
La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis y dictamen correspondiente.