En el zoológico político de Tlaxcala abundan criaturas conocidas: operadores, silencios pactados y verdades incómodas. Esta semana apareció una nueva especie: la autoridad que no castiga el hecho, pero sí al que lo exhibe.
El episodio es ya conocido. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones ordenó con medidas cautelares al medio La Bestia Política bajar publicaciones sobre presunto proselitismo en el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala. El argumento oficial: evitar la “exposición” de una persona. La consecuencia real: silenciar un hecho de interés público.
No se desmiente, no se investiga, no se sanciona… se borra. El propio órgano electoral reconoció que se trataba de contenido periodístico. Aun así, ordenó eliminarlo. No halló ilegalidad en el mensaje, pero sí decidió desaparecerlo. Eso no es prevención. Eso es control.
El COBAT vuelve al centro de la conversación pública, no por reforma educativa ni resultados académicos, sino por su uso político. El sistema educativo ha sido históricamente terreno fértil para movilización electoral. Cuando aparece en una denuncia, no es anécdota: es engranaje. Por eso la reacción fue tan rápida. No se apagó el incendio. Se intentó apagar la luz.
La paradoja es peligrosa: no se sanciona al posible infractor, pero sí al medio que documenta. Se rompe así el principio básico del derecho democrático: el “manto protector del periodismo”, respaldado por criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En Tlaxcala ocurrió lo contrario: se trató como sospechosa la labor periodística… y se silenció al ordenar ocultar o eliminar dos videos.
El verdadero daño no es la publicación retirada, sino lo que viene después: la autocensura. Cuando un periodista sabe que puede ser obligado a bajar información sin que se pruebe ilegalidad, empieza a operar el depredador más peligroso del ecosistema democrático.
La Sociedad Interamericana de Prensa ha advertido sobre una tendencia creciente: el uso de herramientas legales para presionar o desgastar a la prensa. Tiene nombre: lawfare. No siempre se encarcela. A veces basta con hacer costoso informar.
El caso seguirá litigándose. Habrá impugnaciones y resoluciones. Será interesante conocer el criterio del Tribunal Electoral de Tlaxcala, o incluso si será necesario ir más arriba para que se defina con claridad el alcance del derecho a informar.
La pregunta de fondo ya está planteada: ¿puede una autoridad decidir qué información deja de existir, aun cuando reconoce que es periodismo?
Si la respuesta es sí, el problema no es de un medio ni de un gremio. Es de todos. Porque cuando el poder puede borrar lo que incomoda, la verdad deja de ser un derecho… y se convierte en una concesión.
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LA CAMINERA…El árbitro y la línea roja del periodismo…La controversia por la medida cautelar del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones contra La Bestia Política escaló cuando la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala y el Consejo de Medios de Comunicación y Periodistas de Tlaxcala la calificaron como “censura o restricción al ejercicio periodístico”.
El reclamo es de fondo: se ordenó eliminar contenido informativo sobre presunto proselitismo en el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala sin sancionar a los posibles responsables. Para el gremio, se castiga al mensajero y no al hecho, vulnerando el “manto protector” del periodismo reconocido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Del otro lado, el presidente del ITE, Emmanuel Ávila González, rechazó que exista censura. Asegura que la medida buscó evitar la “exposición intencional” de una persona, no limitar la prensa. Incluso reconoció que la nota fue clave para detonar la investigación y defendió que la labor periodística beneficia el derecho ciudadano a saber.
El choque está claro: Para el gremio, se cruzó una línea roja y para el árbitro, fue una acción preventiva.
Lo que queda en disputa no es solo un contenido eliminado, sino los límites del poder electoral frente al periodismo. Al tiempo.
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AHORA SÍ, LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS…Sicosis. Seguridad vs. intimidación: el mensaje de la autoridad. Tras la circulación de un mensaje intimidatorio atribuido al CJNG —que advertía la cancelación violenta de bailes en Tlaxcala—, el gobierno de Contla de Juan Cuamatzi fijó postura: no se cederá ante amenazas.
El comunicado oficial es claro: el Baile de Feria del 22 de mayo se mantiene y contará con un operativo reforzado en coordinación con fuerzas estatales y federales, incluyendo presencia de Guardia Nacional, filtros de acceso, monitoreo permanente y revisión de asistentes.
La autoridad rechaza cualquier intento de grupos delictivos por intervenir en la vida pública y sostiene que la seguridad está garantizada. El mensaje busca contener el miedo: mantener la normalidad social sin ignorar el riesgo.
El fondo, sin embargo, es más delicado: La aparición de estos mensajes evidencia la supuesta presión del crimen sobre espacios públicos y la respuesta institucional apuesta por control y disuasión.
Entre la amenaza y la calma oficial, la pregunta queda en el aire: ¿Alcanza la presencia del Estado para sostener la confianza ciudadana?