La sesión del martes en el Congreso de Tlaxcala no fue un simple desahogo legislativo. Fue el espejo de una LXV Legislatura que navega entre la forma y el fondo, entre la premura oficial y el rezago opositor. Lo que se vivió en el pleno no fue solo un debate técnico sobre el artículo 24 de la Ley Municipal; fue la constatación de que la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos opera, cuando menos, con criterios opacos y, en el peor de los casos, con una parcialidad que fractura el espíritu democrático.
El origen del conflicto es claro: mientras el morenista Emilio De la Peña Aponte vio dictaminada y aprobada su iniciativa para regular las ausencias de presidentes municipales —estableciendo un criterio de quince días naturales para la activación del suplente—, las propuestas de la perredista Laura Yamili Flores Lozano y otras voces independientes fueron sencillamente excluidas. La excusa técnica del presidente de la Comisión de Puntos, Jaciel González, fue que la iniciativa de Flores Lozano ingresó después de que el dictamen morenista ya estaba listo. Una justificación que, más que resolver, indignó: ¿acaso el orden de llegada debe primar sobre la pertinencia, la calidad o la posibilidad de enriquecer una reforma?
Fue entonces cuando la discusión subió de tono. La diputada independiente Soraya Noemí Bocardo Phillips, otrora verde ecologista, destapó una molestia que ya era un secreto a voces: el rezago legislativo en la Comisión de Puntos es considerable, y las iniciativas de la oposición y de los independientes parecen condenadas a una congeladora selectiva. Pero la declaración más reveladora vino de la también independiente y antes priista, Blanca Águila Lima, quien puso el dedo en la llaga al señalar que las propuestas de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros son dictaminadas y aprobadas en fast track, mientras otras duermen en el olvido.
Esa dualidad —rapidez oficial, lentitud crítica— no es un accidente. Es una decisión política disfrazada de trámite legislativo. Y el presidente de la Mesa Directiva, David Martínez Del Razo, lejos de actuar como árbitro, se vio rebasado. De manera atropellada, sometió a votación el artículo polémico, primero la reserva propuesta por Flores Lozano —que fue rechazada 19 contra 6— y después el texto original de Morena —avalado 19 a favor y 5 en contra.
El resultado de fondo, la reforma al artículo 24, no es menor. Establecer que las ausencias mayores a quince días naturales serán cubiertas por el suplente es un avance en certeza jurídica. Evita acefalías y respeta la voluntad ciudadana expresada en la fórmula de mayoría y suplente. Hasta ahí, el mérito técnico. Pero el proceso que lo acompañó deja un sabor amargo: se aprobó una buena ley, sí, pero a costa de excluir, marginar y acallar sin justificación clara a otras propuestas que abordaban la misma materia.
El problema no es la reforma. El problema es el método. La Comisión de Puntos no puede ser un cuello de botella diseñado para favorecer mayorías. La Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) no puede mirar hacia otro lado cuando se cuestiona la eficacia del trabajo legislativo. Y el presidente de la Mesa Directiva no puede permitirse navegar a la deriva mientras el pleno se incendia.
Tlaxcala merece un Congreso donde el debate no sea un simple trámite, sino un ejercicio de contrapesos. Donde el rezago no sea un arma política. Y donde las iniciativas, vengan de donde vengan, se discutan por su contenido, no por el color de su autor. Se lo digo así, sin maquillaje, ni retoques.