- La Secretaría de Cultura aseguró que el uso del recinto fue autorizado conforme al procedimiento; sin embargo, el vocero estatal reconoció que los funcionarios deben abstenerse de realizar actos personales en espacios públicos.
Mariana LOVERA // El uso del Teatro Xicohténcatl para una sesión fotográfica relacionada con el compromiso matrimonial de Stefano Di Grazia Hernández, titular del Consejo Estatal de Población (COESPO) y del SIPINNA, desató cuestionamientos sobre el acceso de funcionarios a inmuebles públicos para actividades de carácter privado.
Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron al servidor público y a su pareja sobre el escenario del histórico recinto, lo que provocó críticas y preguntas sobre si cualquier ciudadano podría obtener las mismas facilidades para realizar una sesión similar o si existió un trato preferencial debido al cargo que desempeña.
Ante la polémica, la Secretaría de Cultura del Estado informó que la persona interesada presentó un oficio de solicitud y que el préstamo fue autorizado conforme al procedimiento establecido para el uso del teatro.
La dependencia sostuvo que el Teatro Xicohténcatl es un espacio público disponible para cualquier persona que cumpla con los requisitos correspondientes y precisó que la autorización fue condicionada al respeto de las medidas de conservación, cuidado y protección del inmueble.
Además, aclaró que permitir el uso del recinto no representa respaldo, aprobación o vínculo institucional con la vida privada o las actividades de quienes lo solicitan, y aseguró que el trámite se realizó bajo criterios de transparencia e igualdad de acceso.
No obstante, Antonio Martínez Velázquez, coordinador de Comunicación del Gobierno de Tlaxcala, reconoció que este tipo de situaciones deben evitarse cuando involucran a integrantes de la administración estatal.
“Los funcionarios debemos abstenernos de este tipo de situaciones”, señaló al referirse al caso de Di Grazia.
El vocero también consideró que la controversia evidenció un vacío en la reglamentación del teatro, debido a que sus disposiciones no contemplarían expresamente la realización de sesiones fotográficas o actividades privadas de esta naturaleza.
Aunque Cultura defendió la legalidad del permiso, el señalamiento del propio Gobierno estatal mantuvo abierto el debate sobre los límites que deben observar los servidores públicos y la necesidad de garantizar que el acceso a los espacios culturales ocurra sin privilegios ni diferencias derivadas del cargo.